Tras un año desde la entrada en vigor de la ley, el número de concursos de personas físicas y autónomos registrados durante el segundo trimestre de 2023 ha sido de 4.679, dos veces y media más que en el mismo período del año anterior. En comparación con datos de 2019, el crecimiento de las insolvencias se ha incrementado en un 647%.

Durante la celebración del XVII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, que se celebra estos días en Santiago, más de 200 expertos procedentes de toda España debaten sobre temas relacionados con la reforma de la Ley Concursal.

En la inauguración del evento han participado el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich; el presidente del Consello Galego de Economista, Miguel Ángel Vázquez Taín; el miembro del Comité Técnico del REFOR Economistas Forenses, Rubén López, y el codirector del encuentro, Isaías González.

Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economistas, señaló que “es importante poner en valor el trabajo que realizan los profesionales del derecho concursal, juegan un papel muy importante que permite que la economía funcione”.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha destacado que “un foro como este permite a numerosos profesionales de Galicia y del resto de España fortalecer sus habilidades”.

Las controversias de la reforma de la ley

La reforma de la Ley Concursal de 2022 recoge el nuevo concurso de acreedores sin masa, un procedimiento diseñado para comercios y pequeñas empresas en situación de insolvencia, el cual ha suscitado numerosas críticas.

Salomé Martínez Bouzas, magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de A Coruña, ha destacado que “le falta calidad técnica”. Por su parte, José María Blanco Saralegui, abogado en Uría Menéndez, lo ha calificado como “caótico y detestable”. Por último, Abraham Cobo Sánchez, coordinador del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en Cataluña, se ha referido a los concursos sin masa como “fraude” y ha explicado que los trabajadores de una empresa que se acoja a estos concursos sin masa no podrán cobrar su prestación hasta la conclusión del concurso y que esto supone una espera de dos a tres años.