El pasado 13 de junio la CIG remitía a los grupos del Congreso de los Diputados una iniciativa para modificar la legislación estableciendo el registro diario de la jornada de trabajo en las empresas. La central sindical optaba por esta medida después de que el Tribunal Supremo estableciese que las empresas no estaban obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla.  

A los dos días, la diputada del PSOE por Ourense, Rocío de Frutos, inspectora de Trabajo en excedencia, presentó una proposición de ley con el mismo objetivo,  y días después el sindicato LAB confirmaba que EH Bildu presentaba otra. Ahora el Congreso acaba de aprobar la proposición de ley del Grupo Socialista, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. La iniciativa legislativa será abordada en comisión para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El dictamen de la comisión será remitido al Senado para continuar su tramitación.

En esta proposición de ley, el grupo proponente denuncia que la desregulación y la falta de control en el tiempo de trabajo provocan jornadas fuera de lo pactado, donde la extralimitación del horario establecido se convierte en regla general y el empleo a tiempo parcial, por mandato legal, se transforma en un tiempo completo.  Asimismo, los socialistas sostienen que estas prácticas inciden en la precarización del mercado laboral, ya que afectan al tiempo de trabajo y al salario, con una "relevante influencia" en la vida personal y emocional de los empleados, al dificultar la conciliación familiar. 

Además, la medida recoge que este exceso de tiempo de trabajo realizado y no pagado repercute en las arcas de la Seguridad Social, puesto que se reduce la cotización, al no ingresarse las cuantías correspondientes a las horas realmente realizadas. 

Para evitar estas situaciones, los socialistas pretenden que el Estatuto de los Trabajadores reconozca el derecho de los empleados "a la distribución regular de su jornada".  Asimismo, quieren incluir la obligatoriedad por parte de las empresas de conservar los registros de jornada durante cuatro años, a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La organización de este registro y el acceso al mismo se realizaría según lo establezcan los convenios colectivos de aplicación.

Campaña de la CIG contra las horas extras

La CIG había iniciado una campaña contra las horas extraordinarias en la banca, que consideraban ”un problema endémico e estrutural e unha fraude masiva á Seguridade Social”. Con el trámite parlamentario ahora iniciado, el sindicato ve más cerca un registro de jornada “para rematar coa fraude social nun momento de altas taxas de desemprego estrutural”.