Durante la rueda de prensa del Consello, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que estos talleres duales de empleo combinarán un contrato de formación y aprendizaje durante nueve meses (que ya se ofrecía hasta ahora) con un contrato en prácticas durante un mínimo de tres meses más, en una empresa localizada en el ámbito territorial donde se celebrara el taller y que trabaje en áreas vinculadas con su contenido.

La inversión de esta convocatoria será de 30 millones durante 2018 y 2019, un 50% más que en la convocatoria anterior, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de 2.000 personas.

A este respecto, Rueda precisó que estos talleres, que se pondrán en marcha partir de septiembre, tendrán dos ámbitos prioritarios. En primer lugar, el sector forestal, para el que se reservarán 5 millones de euros para talleres relacionados con la cadena de valor del bosque, la construcción de infraestructuras para la prevención y extinción de incendios y la vigilancia contra los fuegos forestales. En segundo lugar, se destinarán 3 millones de euros para talleres que tengan como objetivo la conservación, reforma y puesta en valor de las rutas del Camino de Santiago.

Novedades

Otra de las novedades de esta convocatoria es que se abre a las entidades sin ánimo de lucro del sector forestal, ya que hasta ahora sólo podían concurrir a ellas los ayuntamientos, asociaciones de entidades locales y mancomunidades. Además, tendrán prioridad para estas ayudas los ayuntamientos emprendedores.

Los participantes en los talleres recibirán, al final de la formación, un certificado de profesionalidad con validez en toda España. Y tendrán acceso prioritario los desempleados con especiales dificultades de inserción laboral, como menores de 30 años; emigrantes retornados; mujeres, especialmente las que sean víctimas de violencia de género; parados que agotaran la prestación; parados de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social; y, salvo los talleres de mayor especialización, las personas sin títulos universitarios o de FP superior.