El encuentro, en el que participaron el presidente de la Confederaciónde Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, y el director territorial de Ibermutua gallega, Javier Flórez, puso el foco sobre el incremento de las ausencias del puesto de trabajo que se está registrando en este 2022 en España y la relación de este aumento con la gestión de las incapacidades temporales por contingencias comunes.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, quiso transmitir en la apertura de esta jornada “la preocupación del tejido empresarial por los efectos de las ausencias laborales sobre su productividad y sus costes, que son un lastre para la competitividad”.

Aunque en España no existe un dato oficial sobre absentismo, las estimaciones que aportan las mutuas, recogidas en diversos informes, reflejan en que la tasa de absentismo laboral se situó en España en el 7,5% en el primer trimestre del año, y que Galicia se sitúa por encima de la media, con un 7,6%. Estos niveles son muy superiores a los registrados en ejercicios anteriores a la pandemia, cuando se situaban en el entorno del 5% (5,6% en 2019 en España). De hecho, se estima que el coste directo que supone el absentismo para las empresas españolas se está incrementando en más de un 20% con respecto al mismo período de 2021.

Según explicó el director territorial de Ibermutua gallega, un 74% de estas ausencias del puesto de trabajo se deben a incapacidades temporales. Y por ello puso el foco en la gestión de las mismas. “La incapacidad temporal por contingencias comunes es la principal causa de este incremento, y existe una compleja problemática para su adecuada gestión, motivada fundamentalmente por la existencia de un laberinto burocrático entre las Entidades Gestoras, las Mutuas y los Servicios Públicos de Salud, y la excesiva carga asistencial de estos últimos”, afirmó.

Javier Flórez puso de manifiesto “la urgente necesidad de que se tomen medidas y se modifiquen determinados aspectos que influyen directamente en la gestión de la incapacidad temporal, siendo la medida de mayor calado que las Mutuas puedan prestar asistencia sanitaria y emitir altas médicas, al menos en patologías traumatológicas y osteoarticulares”. Según explicó, dicha medida, “además de una reducción de los gastos en prestaciones, una mejora de la competitividad para las empresas y de las cuentas de la Seguridad Social, supondría una mejora para la salud de los trabajadores, acortando sus periodos de baja laboral, y para la ciudadanía, ayudando a reducir las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud”.

En este sentido, desgranó las medidas propuestas por el sector de mutuas para la mejora de la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, como las medidas en materia de asistencia sanitaria con el objetivo de evitar los retrasos que se producen como consecuencia de la carga asistencial de los Servicios Públicos de Salud, las medidas de mejora en el control y seguimiento del procedimiento de propuestas de alta, o en materia de incapacidad permanente.

“Insistimos en la necesidad de seguir avanzando en la colaboración de las Mutuas en aquellas parcelas sanitarias en que se detectan carencias por parte de los Servicios Públicos de Salud, progresando en la colaboración público-privada, de la que las Mutuas son un paradigma”, recalcó. Y, especialmente, llamó a tener muy en cuenta “una parcela calificada como nueva pandemia mundial, la problemática de la salud mental”.