La propuesta del Gobierno contempla para las comunidades autónomas un objetivo de déficit para 2019 del 0,3% del PIB frente al 0,1% vigente. Supone un margen fiscal adicional en torno a 2.500 millones de euros. Para 2020, el límite propuesto es del 0,1% y, para 2021, del 0%. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado por segunda vez los mismos objetivos de estabilidad para las comunidades que ya había aprobado a mediados de julio. El único cambio de voto ha sido el de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable.

Según la explicado la Consellería de Facenda en un comunicado, la Xunta mantiene su postura contraria a la senda de ampliación de déficit propuesta por el Gobierno central para 2019 "porque incrementar el déficit supone incrementar la deuda que tendrían que asumir los gallegos y Galicia está trabajando en el sentido contrario, es decir, en la reducción progresiva de su endeudamiento". 

Desde Facenda se destaca que la senda presentada de nuevo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera apuesta por aumentar el déficit y el recurso al endeudamiento en un escenario de fuerte recuperación económica y en un contexto en el que todos los organismos públicos dedicados a la prospectiva económica recomiendan reducir el peso de la deuda pública y conseguir el equilibrio estructural de las finanzas públicas. 

La Xunta estima que esta pospuesta de ampliar los objetivos de déficit es "una medida pro cíclica que pone en riesgo el proceso de consolidación fiscal, que no se traduce en una mayor capacidad de gasto real para atender las necesidades de las Comunidades Autónomas y que solo anticipa futuras subidas de impuestos".

El Gobierno gallego considera que la actual propuesta no garantiza la sostenibilidad del Estado de bienestar en un momento en el que lo que necesitan las comunidades autonómas son más recursos para poder financiar sus políticas de gasto, especialmente las destinadas a gasto social, sanidad y educación.

Pérdida de recursos

Por el contrario, Facenda subraya que lo prioritario en este momento es solucionar el descenso de ingresos que recibirán las Comunidades Autónomas en 2019 por la falta de liquidación de una mensualidad correspondiente al IVA del ejercicio 2017, y que para Galicia tendría una afectación negativa de unos 200 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió el pasado 9 de agosto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar esta problemática que afecta a todas as comunidades. Entonces la ministra se comprometió a buscar una solución con el objetivo de que las Comunidades puedan aprobar sus presupuestos para 2019 lo antes posible.