Así se acordó en una reunión en la que participaron la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, y el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, con responsables de CCOO, UGT y CIG para evaluar la situación de la central térmica de Endesa-As Pontes.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la Xunta expresó su preocupación por la política energética del Gobierno central que está teniendo un importante impacto social en Galicia, afectando al empleo y a la actividad económica como está ocurriendo en Meirama, en el conjunto de la industria electrointensiva o en el propio caso de As Pontes, que lleva cerca de cuatro meses de parálisis.

El Gobierno autonómico trasladó a los sindicatos su compromiso de mantener una actitud activa en la defensa de los trabajadores y de la actividad de la central. En este sentido, cerca de 750 familias están afectadas en la comarca de Ferrolterra entre trabajadores directos de la empresa, auxiliares y transportistas. Alrededor de 200 empresas dependen del transporte del carbón desde el puerto de Ferrol a la central térmica. Los afectados ya han trasladado al Gobierno autonómico su preocupación ya que estas empresas asumieron recientemente una importante renovación de su flota, en su confianza legítima en Endesa y el Gobierno de España para ajustarse a los planes de reducción de emisiones. Sustituyeron los vehículos por otros nuevos, más potentes y menos contaminantes, tal y como les solicitó Endesa dentro de su plan de reducción de emisiones. Vehículos, además, que por sus características -muy específicas y adaptadas al carbón- no pueden ser dedicados la otros transportes.

Ante esta situación, Xunta y sindicatos coincidieron en que hay que adoptar decisiones e instaron a la corresponsabilidad de Gobierno y compañía para encontrar soluciones. Así, la Administración autonómica solicitará tanto a Endesa, como a la ministra para la Transición Ecológica y al comisario europeo en materia de Energía reuniones para avanzar en medidas que garanticen el futuro desde el punto de vista energético y del empleo y ayuden a paliar los efectos de la transición energética. Así, se solicitará el establecimiento de una exención de medidas fiscales, que se fijen retribuciones específicas en los casos en que se utilice, por ejemplo, biomasa forestal para el funcionamiento de las centrales o la eliminación del céntimo verde al carbón, además de abordar los mecanismos de CO2.

La Xunta alertó de que de no corregir la situación actual de las centrales, en un futuro próximo estas perderían su capacidad provocando un déficit en la producción energética y un problema de suministro.