Feijóo y Maroto visitan juntos la planta de Alcoa en San CIbrao
La Xunta pide al Ministerio de Industria que haga pública la propuesta del estatuto electrointensivo
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones y el presidente de la Xunta han mantenido un encuentro con la dirección de Alcoa en San Cibrao, han visitado las zonas de electrólisis y fundición de la planta, y posteriormente se han reunido con el comité de empresa.
Feijóo incidió en la necesidad de conocer el contenido y alcance del estatuto del consumidor electrointensivo, del que la Xunta aún no tiene borrador, para poder mandar un mensaje de tranquilidad a los 2.000 trabajadores de Alcoa, a la comarca de A Mariña, así como a las empresas hiperelectrointensivas como esta, dijo, subrayando la necesidad de que se incluya un apartado para las empresas de este tipo.
En esta línea, recordó que en el caso de Alcoa la energía supone más del 40% de los costes totales de producción, un porcentaje muy superior al de otras fábricas en Europa, ya que el precio del megavatio/hora subió un 50% en los últimos dos años. “Hay que por lo tanto buscar y encontrar la solución necesaria para volver a los costes eléctricos que había antes de 2018, ya que si estábamos en el entorno de los 35€/MW, ahora estamos en los 50 €/MW”, precisó.
El titular de la Xunta expresó la importancia de que todas las administraciones trabajen unidas para buscar soluciones que aporten estabilidad y garantías; “y sea cual sea el próximo Gobierno central la postura de la Xunta será la misma, tratar de buscar un horizonte estable para conseguir dos objetivos: el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo”, abundó.
Además de la necesidad de cerrar el estatuto del consumidor electrointensivo, abogó también por incorporar a la mesa de trabajo en Madrid al comité de empresa de Alcoa San Cibrao, parte esencial para la busca de soluciones. Y reiteró la importancia de que el Gobierno central apruebe lo antes posible la ya anunciada ampliación de las compensaciones de los gastos indirectos de CO2; “una medida –recordó- que está autorizada por Bruselas”.