Explicó Francisco Conde en su comparecencia que el objetivo es salvaguardar el estado ecológico del arroyo Brandelos (afluente del río Ulla), sumándose a la labor de vigilancia de Augas de Galicia de acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico y la Directiva Marco de Aguas.

Señaló el conselleiro que la declaración de impacto ambiental (DIA) se tramitó "de forma garantista" y "con absoluto rigor", tanto en el ámbito minero como ambiental y urbanístico, prevaleciendo el cumplimiento estricto de la normativa en vigor. Según Conde, fueron dos los informes de la propia Xunta de Galicia os que llevaron a emitir una DIA negativa, el de Patrimonio Natural y el de Augas de Galicia.

El conselleiro incidió en que la decisión está avalada por informes técnicos y el contenido de la ley, y recordó que la Xunta siempre había señalado que el proyecto de reapertura de la mina de Touro no se aprobaría si existían elementos que lo hiciesen incompatible con el medio ambiente.  

Precio eléctrico estable

La mina de Touro no fue el único tema sobre el que habló el conselleiro de Economía, Emprego e Industria en su comparecencia en el Parlamento. La situación de la industria gallega centró parte de su intervención, en la que Francisco Conde reclamó un precio eléctrico estable y competitivo para que las industrias electrointensivas puedan trabajar en igualdad de condiciones que el resto de la industria de este ámbito en Europa, rebajando la factura hasta los 35/40 euros por MWh.

En su intervención, Conde señaló que el Gobierno lleva más de un año "poniendo excusas" para aprobar un Estatuto que asegure la continuidad de los 5.000 puestos de trabajo que dependen del sector, muy especialmente de Alcoa San Cibrao. E indicó que, tras la reunión con el secretario general de Industria del pasado jueves quedó constatado que las propuestas incluidas en el Estatuto por el Gobierno central son insuficientes, que no hay fecha para su aplicación y que no dan estabilidad.

Conde también insistió en las cuatro demandas prioritarias que la Xunta hizo, antes de las elecciones generales de noviembre, en materia de energía: un precio de la energía viable para las industrias electrointensivas, una transición energética justa; una subasta de energías renovables y la defensa del sector de la automoción.