El Consejo de Ministros aprobaba el martes pasado el Real Decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), relativos a las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán,  levantino-balear y canaria. Se trata de un instrumento estratégico transversal que permite un aprovechamiento óptimo del espacio marítimo, reduciendo conflictos y potenciando coexistencias y sinergias, que se realiza por primera vez en nuestro país. Los POEM deben garantizar la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional. Este instrumento de planificación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

 

Zonas de uso prioritario y zonas de alto potencial

En el proceso de elaboración de los POEM se han identificado un conjunto de Zonas de Uso Prioritario (ZUP) para actividades de interés general y otras Zonas de Alto Potencial (ZAP) donde priman las actividades sectoriales que requieren ocupación específica y su potencial uso en tiempos futuros.

Las ZUP comprenden la protección de la biodiversidad; los yacimientos de áridos destinados a la protección costera ambientalmente evaluados; la protección del patrimonio cultural; la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); la defensa nacional y la seguridad en la navegación. Las ZAP, por su parte, se refieren a la conservación de la biodiversidad; los yacimientos de áridos que podrían destinarse a la protección costera; la I+D+i; la actividad portuaria; el desarrollo de la energía eólica marina y la acuicultura marina.

En cada una de estas zonas se establecen disposiciones para facilitar la coexistencia del uso prioritario o de alto potencial con otros usos y actividades. Esta ordenación se ha realizado a partir de criterios de coexistencia sostenible, criterios para la integración de las interacciones tierra-mar, y otros.

En la demarcación noratlántica, y frente a las costas gallegas el POEM reserva cinco zonas de alto potencial para el desarrollo de la eólica offshore, cuatro entre Ferrolterra y A Mariña y una más frente a la desembocadura del río Miño. 

Postura de la Xunta

Tras analizar el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo que afecta a Galicia, la Xunta considera que falta documentación y "certezas" y por eso pide al Gobierno central que se reúna con el Observatorio de Eólica Marina (creado por la Administración gallega con participación del sector marítimo-pesquero y la propia industria vinculada a la eólica marina) para aclarar en qué informes y datos se basó para definir las zonas. 

El Ejecutivo gallego defiende la necesidad de garantizar la compatibilidad entre las actividades tradicionales y el desarrollo de la eólica marina, y lamenta que en la elaboración del POEM no se tuvieran en cuenta buena parte de las alegaciones consensuadas en el marco del Observatorio y por eso hay una serie de cuestiones que en Galicia están generando incertidumbres e inseguridad jurídica, tanto  entre los promotores como entre el sector pesquero, señala el comunicado del Gobierno gallego.

Así, se esperaba, entre otras cuestiones, que se incorporara información más detallada de los caladeros existentes y no una delimitación general. También se precisa conocer los motivos por los que se establece que la vigencia del POEM es hasta el año 2027. Esta falta de flexibilidad en los plazos obligará a que los proyectos se tramiten de acuerdo con este plan, pero que su ejecución se lleve a cabo, en la mayor parte de los casos, en el marco de un POEM posterior y del que, por lo tanto, en día de hoy se desconoce se dará continuidad al actual. 

En este sentido, para lograr un desarrollo real de esta energía, el Plan de ordenación del espacio marítimo es insuficiente, valora la Xunta. Ahora, el Gobierno debe establecer un marco legal adecuado y convocar las subastas de lámina de agua para que los promotores se puedan presentar. Esto se suma -según los plazos establecidos por la UE- al retraso de dos  años que ya lleva el POEM, lo que provoca que España vaya llegar una década tarde con respecto al resto de Europa en la implantación de esta energía. Todo 
indica que en España no se empezarán a instalar los primeros aerogeneradores hasta finales  de esta década, apunta el Gobierno gallego.

En cuanto a la normativa relativa la esta energía, Galicia también espera una rectificación y que  se tengan en cuenta las aportaciones realizadas para adoptar un modelo de evacuación de la energía centralizado, en que se obligue a los promotores a compartir estas infraestructuras y que vayan al mismo punto de conexión, lo que minimizaría su 
impacto y evitaría aficiones sobre el territorio. 

Preocupación de la Confederación de Empresarios de Lugo por el impacto en el sector pesquero

Quien también ha expresado públicamente su preocupación por la aprobación de los los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) es la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), una preocupación que dice es compartida con el sector pesquero gallego.

La CEL considera, a la vista de lo propuesto en el POEM, que las zonas marinas seleccionadas para la producción eólica entran en conflicto con la actividad pesquera, prioritaria, y considera “inasumible para Lugo el impacto negativo que la puesta en marcha de estos parques tendrá en la industria y empleos del sector pesquero, uno de los fundamentales de la economía provincial”.

La CEL entiende que no se puede ir contra el progreso y que “cualquier iniciativa innovadora que pueda favorecer el desarrollo industrial de Lugo es interesante”, pero que “ha de evaluarse en profundidad su repercusión a todos los niveles, escuchar al sector pesquero y estudiar cómo lograr que esta actividad favorezca realmente el desarrollo económico e industrial de aquellos lugares a los que afecta directamente”.

La Confederación opina, además, que “con estas decisiones se está arrinconando a los sectores extractivos y productivos esenciales en cualquier territorio”.

Es por ello, recalca la entidad, que “entienden que este tipo de decisiones no se pueden tomar sin una valoración exhaustiva del impacto en las flotas, empresas y trabajadores que operan en las zonas marinas propuestas para albergar parques eólicos, sin evaluar cómo compensar sus efectos negativos o sin aportar propuestas de compatibilidad y viabilidad para todos los agentes implicados”.