Según explicó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, con esta decisión se pone fin a la tramitación ambiental de la iniciativa para reabrir la mina de cobre de Touro, que se había iniciado en octubre del año 2018.

Tras recordar que el promotor (la empresa Cobre San Rafael) presentó una modificación sustancial del proyecto original por lo que, desde el principio, la Xunta lo trató como si fuera un nuevo, Vázquez Mejuto explicó que la declaración de impacto ambiental (DIA) se tramitó con absoluto rigor desde el punto de vista medioambiental, urbanístico y minero, haciendo prevalecer el cumplimiento estricto de la normativa en vigor.

El dictamen negativo de la Consellería de Medio Ambiente está avalado por informes técnicos y por el propio marco legislativo actual, vigilando siempre, incidió Ángeles Vázquez, que las iniciativas que se lleven a cabo en la comunidad, con independencia de su naturaleza, cumplan con todas las garantías técnicas, ambientales y urbanísticas y los requerimientos que marque la ley.

Concretamente, el sentido negativo de la DIA se basa, por una parte, en la constatación de una afectación real en la zona derivada de la actividad propuesta y por otra, en el reconocimiento de que el proyecto aumentaría la presión hídrica sobre el río. Así, el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural señala que esta actividad se desarrollaría en un espacio próximo a una Zona de Especial Conservación (ZEC), sin que queden acreditadas las correspondientes medidas protectoras y correctoras necesarias.

Al mismo tiempo, otro informe solicitado en este caso a Augas de Galicia concluye que la actividad minera aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, no pudiendo garantizar un estado ecológico óptimo.