El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, señaló que el estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno responde a un criterio territorial y no a una “verdadera apuesta por la industria”, apuntando que “no solo llega tarde, sino que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía en nuestro país”, que no pueden competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francia o Alemania.

Tal y como apuntó el conselleiro, “Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios”, al recortarse las ayudas a la industria de la Comunidad. Conde explicó que, con el nuevo marco, se pasa de apoyar la 120 empresas en España a 600" y desde ese punto de vista los grandes consumidores electrointensivos no tienen una respuesta”. Además, añadió que tampoco hay un compromiso claro desde el punto de vista de los mecanismos de CO2 y tampoco se atienden los principales alegatos que habíamos presentado Galicia, Cantabria y Asturias”, especialmente hacia figura de los grandes hiperelectrointensivos. Del mismo modo, señaló que no están contempladas en el texto final otras medidas de carácter fiscal que la Xunta consideraba como imprescindibles para abaratar el precio energético.

Por todo el señalado, Conde apeló al Gobierno a que “rectifique esta política energética que está dejando a un lado a industria y que está poniendo en una situación verdaderamente complicada que los empleos industriales puedan tener un futuro en nuestro país”.

Con respecto al caso concreto de la planta de Alcoa en San Cibrao, Conde defendió que “en el momento en que se pueda dictaminar que la compañía no está dispuesta a darle continuidad, automáticamente la única solución posible es la intervención”, recordando que desde la Xunta así se está defendiendo tanto con los trabajadores como con el propio Gobierno. “Necesitamos claramente que haya una apuesta por el empleo industrial en A Mariña pero también en otras empresas electrointensivas”, remarcó el vicepresidente económico, haciendo referencia a ejemplos como Alu Ibérica, Ferroatlántica Sabón, y Xeal y Celsa en la Costa da Morte. “Hablamos en definitiva de las empresas electrointensivas que con este estatuto no tienen una respuesta a sus necesidades”, remarcó Conde.

Similar valoración desde la CIG

En términos similares ha valorado la CIG la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que para el sindicato llega tarde y resulta insuficiente toda vez que no se aclara cuál será la rebaja efectiva en el precio de la electricidad para la industria gran consumidora de energía, no establece mecanismos de garantía de empleo reales, ni se modifica el mercado de casación de precios en el mercado maiorista, a pesar de ser la principal causa del elevado coste de la electricidad para el sector. 

A la espera de conocer al detalle el contenido exacto del Estatuto cuando sea publicado en el BOE, para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, "estamos ante unha constatación máis desta acumulación de atrasos inxustificados por parte do Goberno español, co impacto que ten na nosa industria que o estatuto non estea aprobado dende hai meses e nunhas coordenadas que senten as bases para a creación dunha tarifa máis xusta, estábel, predicíbel e competitiva".

En este sentido, sobre el anuncio de la rebaja del recibo eléctrico en un 13%, fundamentado en sacar de los peajes las primas a las renovables (por valor de unos 7.000 millones de euros), la CIG teme que esto suponga trasladar los costes a todas las empresas energéticas, incluidos los precios de los carburantes, y que estas acaben cargando este gasto sobre el conjunto de los consumidores. El estatuto contempla también una retirada del 85% de los peajes de extrapeninsulares, pero no se explica quién asumirá estos costes, apunta el sindicato.

El secretario xeral de la CIG también se refiere a que el estatuto rebaja los requisitos para tener la consideración de industria electrointensiva, pues ahora asumen esta categoría más de 600 empresas, "desvirtuándose así a condición real de electrointensiva". De esta forma, aunque la la compensación por CO2 sube hasta los 200 millones de euros en el próximo año, su efecto se diluye al pasar de las 119 empresas que empleaban la interrumpibilidad a 612. denuncia la central sindical.

A mayores, alerta Carril, "o Goberno español segue a fiar a dúas variábeis absolutamente arbitrarias a consecución dun prezo estábel e competitivo: o prezo á baixa polo impacto que pensan suporá a introdución de renovábeis e a que as PPA (acordo de compravenda de enerxía a longo prazo) sexan a solución facéndoas atractivas a través do Fondo de Reserva".