Según explicó el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello, la Xunta destinará ocho millones de euros para bonificar la compra de estas 545 parcelas, “todo el suelo industrial que posee el Gobierno gallego en la Comunidad”.

En concreto, Xestur y el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) comercializarán a partir de febrero suelo industrial correspondiente a la Fase A del polígono de Morás (Arteixo), a los parques empresariales de Touro y de Xinzo de Limia, así como las nuevas fases de los polígonos de As Gándaras (Lugo), Muimenta-Cospeito, Taboada y Quiroga.

Las empresas interesadas en asentarse en la Comunidad o bien en ampliar sus actuales instalaciones, tendrán tres opciones: acceder a la compra de este suelo con una bonificación sobre el precio de venta del 50% o del 30%, dependiendo de la zona donde se emplacen las parcelas. Acceder a parcelas en la modalidad de derecho de superficie, con la posibilidad de hacer adjudicaciones a proyectos singulares en la modalidad de derecho de superficie, es decir, a cambio del pago de un canon anual reducido por metro cuadrado.

Y, como novedad, se establece también el acceso a las parcelas en determinados polígonos en la modalidad de alquiler: “El objetivo es que den cabida a instalaciones no permanentes”, precisó Núñez Fejóo. Sobre esta última, aseveró que, en principio, estará dirigida para los parques de Ferrolterra y de la frontera con Portugal, aunque podría ampliarse a otras áreas con poca demanda.

Medidas de apoyo a las empresas ya instaladas

Por otra parte, y atendiendo a la situación derivada de la pandemia, el titular de la Xunta informó que también se dará continuidad a las medidas adoptadas el año pasado para aliviar el impacto de la covid sobre el tejido empresarial, entre las que destacan: la concesión de prórrogas, por causas justificadas, sobre los tres años fijados para concluir la edificación de la parcela; la extensión a seis meses el plazo para el pago del importe de la compra de suelo adquirido; y ampliación del período de carencia y del ejercicio de la opción de compra para los adjudicatarios en derecho de superficie, pasando de 5 a 10 años.