El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, explicó en rueda de prensa que Galicia apuesta por un modelo de coste, es decir, la Xunta quiere contar con una financiación suficiente para prestar todos los servicios públicos competencia de la Comunidad Autónoma como la sanidad, la educación y los servicios sociales, para que todos todos los ciudadanos tengan acceso a unos servicios de calidad similar independientemente de donde residen.

Las alegaciones del Gobierno gallego a la propuesta sobre población ajustada formulada por el Ministerio de Hacienda cuentan con las aportaciones que expertos y  grupos parlamentarios hiceron en el seno de la Comisión de financiación del Parlamento.

En su exposición, el conselleiro explicó que en sanidad, la Xunta no encuentra justificación para pasar de siete a 20 tramos de población, aminorando el peso de los de más edad respecto a la situación actual. En base a los pesos del coste sanitario, el Gobierno gallego apuesta por una ponderación del gasto sanitario en la banda alta de la propuesta, en concreto con un peso del 45%.

En educación, Corgos cree que la variable que mejor refleja el gasto educativo para las comunidades autónomas es el número de matrículas de alumnos en la enseñanza pública y en el concertado ponderadas por su coste. La Xunta propone para esta variable un peso del 25%.

En lo que respecta a políticas sociales, en el caso de la dependencia, el Gobierno gallego pide de nuevo que se refleje el coste, crear tramos nuevos y que se pondere el coste real. La propuesta consiste en ponderar la población de cada grupo por su coste en base a los diferentes grados de dependencia. En este ámbito la Xunta aprecia debilidades en la ponderación de la inclusión y bota en falta que no se midan otras políticas de gasto social como las de familia o el apoyo a los emigrantes. Para estas políticas de gasto se cuestiona la representatividad de la variable propuesta por el Ministerio.

En cuanto a la dispersión, Miguel Corgos subrayó que la ponderación actual del 0,6% queda muy lejos de la cifra que debería ser compensada por el sistema. En este sentido, recordó que la dispersión provoca que Galicia tenga un sobrecoste anual de más de 500 millones de euros y defendió un incremento significativo de esta variable hasta por lo menos el 1% y que se siga midiendo en base a las entidades singulares, pues son la unidad poblacional que mejor refleja la diseminación de la población en el territorio.

En definitiva, el Gobierno galledo demanda a Hacienda un valor para la variable de población ajustada que refleje el coste diferencial de prestación de servicios, que permita financiar en igualdad de condiciones a sanidad, la educación y las políticas sociales