Esta declaración de interés especial es una figura introducida por la Ley de implantación empresarial que permite reducir a la mitad los plazos de tramitación de los parques eólicos, así como blindar las garantías jurídicas y ambientales. Según recordó el presidente de la Xunta, Alberto Nüñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello, con esta tramitación exprés los promotores de los parques tendrán la certeza de que la autorización de construcción estará lista en tres años y el inicio de la explotación, en un máximo de otros tres. "Todos os proxectos teñen que estar finalizados o 31 de decembro do ano 2019", afirmó Feijóo.

"Sen dúbida é o acordo máis importante da lexislatura desde o punto de vista do sector eólico, tanto en investimento como en incremento da produción eólica e de postos de traballo", recalcó el jefe del ejecutivo gallego, quien avanzó que los nuevos proyectos suponen una inversión privada de unos 450 millones de euros y la creación de 6.000 empleos durante la construcción de los parques y de unos 80 para su explotación.

La construcción de estos parques eólicos también supondrá una nueva fuente de ingresos para los ayuntamientos en los que se ubiquen, que recaudarán unos 665.000 euros anuales más en concepto de canon, alcanzando así los 13,3 millones de euros en la fase de explotación.

La Ley de implantación empresarial también supondrá la creación de un Registro eólico gallego en el que se incluyen todas las nuevas solicitudes de parques, las que están en tramitación y los parques ya en funcionamiento.

Estos 400 megavatios, junto a otros 200 más previstos, se sumarán a los más de 3.300 que ya hay instalados en nuestra Comunidad.