La administración asumirá la totalidad de los intereses de los préstamos
La Xunta abre una línea de financiación de 30 millones para inyectar liquidez a pymes y autónomos
Según explicó el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, esta línea de financiación permitirá la movilización de 250 millones de euros en préstamos que contribuirán a paliar los efectos del coronavirus en el tejido empresarial gallego, asumiendo la Administración autonómica la totalidad de los intereses de los préstamos concedidos en esta línea.
Esta línea de financiación para autónomos y pymes cubrirá operaciones del doble de los costes salariales del año anterior o el 25% de la cifra de negocio, con un máximo de 200.000 euros. Y los beneficiarios tendrán hasta 4 años para amortizar estos préstamos, haciéndose la Xunta cargo de los intereses. “De promedio supone una ayuda directa de 9.000 euros”, abundó.
Con esta inyección de liquidez, las empresas y el colectivo autónomo podrán atender sus necesidades más inmediatas, tanto los gastos del día a día, como el pago de salarios, facturas, alquileres o impuestos.
El presidente del Ejecutivo gallego apuntó también que la Xunta está manteniendo estos días una ronda de consultas con todos los agentes sociales y económicos para escuchar sus demandas y poner en marcha nuevas medidas.
Otros acuerdos
En el mismo Consello de la Xunta, la Administración autonómica decidió asumir la cobertura total del bono de alquiler social de los colectivos más desfavorecidos mientras se mantenga el estado de alarma de la crisis del COVID-19. Esta medida implica asumir la parte de la renta que no cubre el Bono de alquiler social y beneficiará a 700 familias. La Xunta también autorizó este viernes la convocatoria de las ayudas en 2020 para vivienda a víctimas de violencia de género, a través de la concesión del Bono de Alquiler Social.
Asimismo, la Administración autonómica acordó no girar los recibos -desde abril y mientras se mantenga el estado de alarma- a los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) en régimen de alquiler, y a los locales comerciales de su propiedad alquilados a particulares y asociaciones. De este aplazamiento podrán beneficiarse más de 3.500 familias así como los inquilinos de 42 locales comerciales alquilados también por el IGVS.
Plazos de impuestos autonómicos y plan para mejorar la liquidez
Además, el Consello de la Xunta decidió la suspensión de los plazos para la presentación de las autoliquidaciones de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de sucesiones y donaciones y los tributos del juego. Ttodas las autoliquidaciones de estos impuestos podrán ser presentadas hasta el 30 de junio de 2020 o hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. La decisión beneficiará a 32.000 personas o empresas cada mes, lo que supondrá una pérdida de recaudación por parte de la Xunta de 35 millones de euros al mes mientras esté vigente esta suspensión de plazos.
La Xunta pondrá en marcha un plan específico para mejorar la liquidez de la tesorería de la Comunidad Autónoma, con el fin de compensar el descenso de la recaudación a consecuencia del aplazamiento de estos impuestos autonómicos; y agilizar los pagos de facturas a todos los proveedores que trabajan con la Administración gallega, clave para los autónomos y las pymes. “Hay casi 5.000 proveedores de la Xunta de Galicia y tienen que tener la seguridad de que la Xunta va a pagar con la mayor rapidez posible”, expuso Núñez Feijóo.
Para garantizar todo esto, la Tesorería de la Comunidad acaba de disponer de 1.800 millones de euros adicionales a los que ya viene disponiendo mensualmente a consecuencia de la recaudación de los impuestos de la renta y del IVA. Con esta cantidad adicional, el Gobierno gallego afrontará los pagos comunes, como las nóminas de los empleados públicos o las cotizaciones a la Seguridad Social; el pago a las farmacias; agilizar el pago de las facturas a los proveedores de la Xunta; y afrontar gastos extraordinarios, como los que se están afrontando en el ámbito de los servicios sociales y de la sanidad.