Según informaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa del Consello de este jueves, los cuatro proyectos supondrán una inversión total de cerca de 207 millones de euros.

En lo que respecta a la planta de biomasa de Curtis (A Coruña), Feijóo aseveró que la empresa implicada tramitó la solicitud de puesta en marcha de la nueva infraestructura a través de la oficina Doing Business, para llevar a cabo un proyecto que, con una inversión de 113,7 millones de euros, entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2020, tendrá una potencia de 49 MW y permitirá la creación de 550 puestos de trabajo durante su construcción y alrededor de 130 con su puesta en marcha.

En relación a los tres parques eólicos, el de Picato estará situado en los ayuntamientos de Guntín, Lugo y Friol. Contará con 21 aerogeneradores y una potencia de 42 MW, y tendrá una producción anual de 120 GWh. Los otros dos proyectos declarados de interés especial son repotenciaciones a realizar en la provincia de A Coruña: el parque eólico de Zas (en los ayuntamientos de Zas, Santa Comba y Tordoia), con una reducción de 80 a 10 aerogeneradores, un incremento de la potencia de los 24 a los 26,25 MW y una producción anual de 100,27 GWh; y el de Corme (situado en Ponteceso), que pasa de 61 a 7 aerogeneradores, con un ligero aumento de la potencia (de 18,3 a 18,375 MW) y manteniendo una producción anual de 77,40 GWh.

Estos tres proyectos, con una inversión asociada de cerca de 93,3 millones de euros, permitirán la creación de cerca de 800 puestos de trabajo durante su ejecución y más de 30 empleos estables durante su funcionamiento.

Feijóo recordó que la declaración de interés especial de estos proyectos es una nueva figura introducida por la Ley de implantación empresarial, que permite la tramitación prioritaria de estas actuaciones, manteniendo siempre todas las garantías urbanísticas, técnicas y medioambientales, con el objetivo de que se ejecuten en Galicia proyectos de energías renovables en el marco de las subastas del Estado, toda vez que deben estar en funcionamiento antes de 1 de enero de 2020.