Representantes de una treintena de colectivos, del movimiento ecologista, de la ordenación del territorio, del paisajismo, investigación, universidad, partidos políticos, asociaciones forestales e industria de la madera, han mantenido en Santiago de Compostela  un encuentro –el segundo en los últimos meses- con el objetivo de alcanzar un consenso que consiga poner en valor el monte y hacerlo sostenible social, económica y medioambientalmente. 

Los organizadores del encuentro valoran que “todos los agentes participaron de manera proactiva y reinó el buen talante de los asistentes y la buena disposición”. Al término de la jornada se extrajeron una serie de conclusiones, sobre las que se seguirá trabajando en próximos encuentros con la intención de alcanzar el consenso.

Los agentes reunidos en esta sesión señalan que "tanto por su valor cultural, social y ambiental, su generación de empleo y distribución de rentas, que fomentan la fijación de población en el rural para evitar el abandono y complementando otras actividades agrarias o ganaderas, el sector forestal es para Galicia un sector estratégico". Es por ello, que la sociedad gallega debe comprometerse en un pacto de país que otorgue a las empresas, propietarios, silvicultores y potenciales inversores "un marco estable en el tiempo que compagine las rentas económicas y las aportaciones sociales de forma realista". En el marco del encuentro se puso de manifiesto la necesidad de que los partidos políticos retiren el sector forestal del debate político y se pongan a trabajar en el consenso como ha demostrado la sociedad civil.

En otra línea, se debe fomentar el cumplimiento de las normas a través del incentivo de la certificación forestal que aporta valor al monte gallego y que se sustenta en los principios de viabilidad económica, social y medioambiental. Así como promover el asociacionismo y las ayudas al funcionamiento de montes vecinales en man común ampliando la fórmula de las SOFOR.

Se debe compensar la falta de rentabilidad económica del monte con indicadores que reconozcan las externalidades y los valores sociales, que deben ser retribuidos por la sociedad. "Lo que no es medible, no existe y si la sociedad valora los servicios ambientales y sociales, deben plasmarse con indicadores", señalan.

En esta línea, todos los usos del monte deben alinearse con las demandas de la sociedad, tanto de especies como de usos sociales y ambientales. El monte debe concretar su misión y su plan de sostenibilidad económico que defina las prestaciones y los ingresos que compensen sus costes. Se trata de ordenar pero en base a la sustentabilidad económica (además de la social y la ambiental). Las regulaciones que no favorecen oportunidades reales para el propietario conducen al abandono y se acaban convirtiendo en un engaño a la sociedad porque no implican ningún compromiso que garantice la sostenibilidad.

Durante el transcurso de la jornada, se reclamó un pacto por el territorio con amplio respaldo social "que permita superar los problemas estructurales del minifundio y del abandono del rural y potencie acciones de base colectiva". Además, se pidió una simplificación y clarificación de la normativa vigente para mejorar su competitividad y un marco claro y a largo plazo en la ordenación del territorio.

En definitiva, entre los acuerdos alcanzados en este segundo encuentro, destaca la necesidad de que, a la mayor urgencia, el monte concrete su plan estratégico sostenible en el tiempo en base a un inventario y la evaluación de sus capacidades, oportunidades y riesgos. "El monte necesita una actuación urgente pero seria y rigurosa; la sociedad así lo demanda alarmada por la despoblación y por la devastación causada por los incendios", concluye el comunicado remitido por los organizadores del debate.