Del análisis que realiza el grupo de investigación GEN de la Universidad de Vigo que dirige la Red Localis se constata una escasa capacidad de muchos ayuntamientos gallegos para aprobar en plazo sus nuevas cuentas anuales. En 2018, solo el 23% han sido capaces de aprobar sus presupuestos antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior. En media, durante el período 2014-2018, este porcentaje se sitúa en torno al 30%. Por lo tanto 7 de cada a 10 ayuntamientos en Galicia no es capaz de aprobar sus cuentas en tiempo y forma. Esta situación limita enormemente la capacidad de gestión de los ayuntamientos gallegos, puesto que el presupuesto público es la principal herramienta económica de las entidades ocales.

Según recoge el Observatorio Municipal Gallego, en 2017, casi 6 de cada 10 ayuntamientos gallegos aprobó sus presupuestos una vez finalizado el año. De media, entre 2014 a 2017, más de la mitad de los ayuntamientos gallegos optó por esta vía.

Entre 2014 y 2017, el 35% de los ayuntamientos que finalmente contaron con un nuevo presupuesto aprobaron sus cuentas después del plazo ordinario, lo hicieron con un retraso de 3 meses o menos; el 16% lo hizo con un retraso entre 3 y 6 meses, el 7% con un retraso entre 6 y 9 meses y el 4% incurrió en un retraso de más de 9 meses. Esto supone un grave problema a la hora de ejecutar los presupuestos aprobados.

Prórroga presupuestaria

Los investigadores han detectado cierto patrón de comportamiento para los ayuntamientos que tardan más de seis meses en aprobar sus nuevas cuentas, Hay 14 ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes y 9 del grupo de 5.001 a 10.000 que han aprobado sus cuentas con una dilación superior a medio año. Por el contrario, ningún municipio de más de 20.000 habitantes se encuentra en esta situación. Año tras año son los mismos concellos los que acuden de manera sistemática a la prórroga presupuestaria. Hay 17 ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes, 16 entre 5.000 y 10.000, 4 entre 10.001 y 50.000 y 3 de más de 50.000 habitantes han prorrogado dos veces o más sus presupuestos. Dentro de la relación anterior destacan los casos de Triacastela, A Pobra de Trives e Melón (para municipios de 5.000 habitantes o menos), Celanova (para municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes), Teo y Ponteareas (para municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes) y Ourense (para municipios de más de 50.000 habitantes), que tienen un presupuesto prorrogado al menos dos veces entre 2014 y 2017.

La prórroga de las últimas cuentas aprobadas debe entenderse como una situación extraordinaria y no como algo repetitivo en el tiempo, puesto que unos presupuestos prorrogados pueden permitir pagar las nóminas de los empleados públicos o satisfacer el gasto corriente en bienes y servicios, pero no modificar o incrementar las inversiones, que es la partida más perjudicada por la falta de unos nuevos presupuestos.

Abuso de autorizaciones de crédito

La falta de autorización presupuestaria conlleva a aprobar continuadas autorizaciones de crédito, algo a todas luces poco recomendable, puesto que se trata de una política de parcheo ante la ausencia de presupuestos municipales actualizados. Lo anterior es incluso más grave cuando existe capacidad recaudatoria y debido a esa falta de autorización de gasto no se pueden ejecutar las partidas previstas.

Entre las causas que pueden explicar estos resultados cabe señalar el complejo arco representativo surgido de las elecciones municipales de 2015, la falta de personal técnico para la correcta elaboración de los mismos, la reducción del número de empleados, el retraso en las aprobaciones de las cuentas de Estado o de la Xunta de Galicia y los problemas de gestión presentes en muchos municipios gallegos.