Desde el Clúster de la Función Logística de Galicia y las asociaciones Fegatramer, Apetamcor y Fetram se recordó el escaso impacto que tuvieron en el año 2015 las bonificaciones del 35% en una parte de la AP-9, motivo por el cual solo duraron cinco meses en funcionamiento. En la misma línea, se hizo entrega al delegado del Gobierno, José Manuel Miñones de un estudio elaborado por el Clúster, disponible en su web, en el que se concluía que, para tener impacto en la atracción de tráficos, las bonificaciones deberían ser del 55% habiendo determinado tramos en los que sería justificable una subvención superior por cuestiones de seguridad viaria.

Situación de los peajes gallegos

Los representantes empresariales del sector logístico y del transporte recordaron el problema que suponen los peajes para la competitividad de las empresas gallegas ya que existe una situación de desequilibrio a lo largo del territorio español. El mes que viene, con la finalización de la concesión y consecuente levantamiento de los peajes en la AP-7 y AP-2, Zaragoza – Mediterráneo, un tercio de los kilómetros de peajes estatales se situarán en Galicia. Un porcentaje que se eleva hasta el 44% si analizamos los kilómetros de peaje estatales soportados por el noroeste de España. Esta es una situación gravemente perjudicial para nuestras economías que ven como los productos producidos son menos competitivos por tener unos costes de desplazamiento un 50% superiores al resto del Estado como consecuencia de los peajes.

Además, conviene recordar que las autopistas gallegas son de las pocas en España que no tienen ningún tipo de bonificación para el transporte pesado a día de hoy, mientras que otras como la AP-68 en La Rioja bonifican estos tráficos en un 50%.

Peajes a las autovías

En la misma reunión, se insistió en la necesidad de que, en caso de implantarse un sistema de cobro por uso de autovías, este no perjudique a los territorios periféricos. En este sentido se recordó que la misma normativa europea que acepta y aconseja el cobro de peajes por el uso de las carreteras insiste en la necesidad de que los territorios periféricos tengan una consideración especial para no ver perjudicado su desarrollo económico. Así lo recoje la Directiva 2011/76/UE cuando habla de “mejorar el acceso a las regiones periféricas” y su competitividad.