El veto a la pesca de fondo podría tener un impacto en la economía gallega de hasta 816 millones de euros y afectar a más de 4.400 tripulantes, alrededor del 40% del total de la Comunidad, según estimaciones de la Xunta de Galicia.

Tras rechazar la Comisión Europea la paralización de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614, solicitada por España (y apoyada por otros Estados miembros como Francia, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Grecia y Países Bajos) en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, el Gobierno español no descarta la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que existe base para presentarlo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresaba en la reunión del Consejo del pasado 26 de septiembre su desacuerdo con el reglamento comunitario porque, tanto en la forma como en el fondo, contiene “graves errores que hacen que sea claramente nocivo para los intereses pesqueros de la flota española”. Planas solicitaba a la Comisión que procediese a revisarlo de forma inmediata sobre la base de los nuevos datos científicos que ya están disponibles.

Precisamente a presentar este recurso ante el TJUE instaron este viernes los representantes de las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias y Andalucía al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a quien han solicitado una reunión para evaluar esta situación. Los responsables en materia pesquera de las cinco autonomías acordaron crear una frente común en la defensa del sector pesquero ante la amenaza que supone el veto a la pesca de fondo para su futuro.

Por parte gallega, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó la necesidad de realizar las gestiones necesarias, en paralelo a la presentación del recurso, con el objetivo de hacer presión en Bruselas y conseguir una moratoria de dos meses que permita al sector mantener la actividad por lo menos hasta la Navidad, cuando el pescado consigue mejores precios. Esa moratoria serviría también para que el Ejecutivo comunitario pudiera revisar la medida evaluando los nuevos datos, tanto científicos como de impacto socioeconómico, que haya disponibles.

Posición del sector pesquero gallego

Desde el sector, la asociación Pescagalicia-Arpega-Obarco, Asociación de Armadores de Buques Pesqueros, integrada por 35 buques pesqueros que operan en aguas del Atlántico Noroccidental, y apoyada por la Lonja de A Coruña, solicitaba este viernes en una rueda de prensa en A Coruña al Consejo de Europa “que intervenga urgentemente y suspenda de forma inmediata este acto delegado de la Comisión hasta que se tenga en consideración una verdadera evaluación medioambiental, social y económica, y además, un dictamen del impacto sobre los VMEs (ecosistemas marinos vulnerables) elaborada por ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) y STECP con los datos más actualizados disponibles sobre las pesquerías de aguas profundas, y cuyo informe está previsto que se publique el próximo mes de noviembre".

Aplicación a partir del 9 de octubre

El Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, aprobado el 15 de septiembre, establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan. Son un total de 87 zonas en aguas comunitarias, según el dictamen elaborado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). En estas áreas se prohibirán, a partir del 9 de octubre, las actividades pesqueras con artes de fondo (como la pesca de arrastre) a más de 400 metros de profundidad.