Con este objetivo han participado en una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Han asistido Jorge Cebreiros, presidente de la CEP; Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI): Juan Manuel Vieites, secretario general de Anfaco-Cecopesca; Roberto Fariña Charlín, presidente de la Asociación de Empresarios Depuradores y Comercializadores de Moluscos (Agade); Jordi Trías Fita, representante del Clúster de Acuicultura; Fernando Otero Lourido, representante de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) y asesor jurídico del colectivo; Javier Blanco, secretario general de la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex) y Ruperto Costa, representante de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores y Mariscadores.

Los asistentes reivindican la importancia del mar "como fuente de riqueza y modo de vida", razón por lo que consideran un derecho colectivo irrenunciable poder dar continuidad a las actividades económicas que dependen de la proximidad con este medio para su subsistencia. Recuerdan que el sector mar industria alimentario es estratégico en la economía de Galicia, ya que abarca el 3% del PIB gallego, cuenta con 4.000 empresas y da empleo a 37.000 personas, además de generar más de 10.000 millones de euros de facturación.

Reglamento de la Ley de Costas y Ley para el cambio climático

Desde su punto de vista, tanto el nuevo reglamento de la Ley de costas como la Ley para el cambio climático y la transición ecológica se han redactado "de espaldas a los colectivos involucrados". Tal y como está actualmente redactada la normativa, agregan, "se han recortado los plazos de duración y se han endurecido los requisitos que rigen la ocupación de terrenos de dominio público en el ámbito marítimo terrestre".

El artículo 18 de la Ley para el cambio climático y la transición ecológica, actualmente en tramitación en el Congreso, recoge que "la planificación y gestión de la costa deberán adecuarse a las directrices y medidas contempladas en la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático. Señala, en su punto tercero, que "con el fin de garantizar una adecuada adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre y sus prórrogas se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Título III de la Ley 22/1988 de Costas". Añade este punto que "también se estará a lo previsto en otra normativa aplicable, así como en convenios internacionales que contengan regulación relativa a la costa y al mar y a la conservación y uso sostenible del dominio público marítimo-terrestre, teniéndose en cuenta factores como el estado y evolución de los ecosistemas, las condiciones hidromorfológicas, climáticas y de dinámica costera; así como la presión acumulada de los diferentes usos que soporta cada tramo de costa. El artículo se completa con una referencia a que "los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser éstas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en laLey 22/1988 de Costas y en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas". 

Criterios restrictivos

Los asistentes a la rueda de prensa denuncian que la autoridad competente ha aplicado estos criterios restrictivos en los últimos expedientes resueltos lo cual supone aplicar una legislación que aún no ha sido sometida a votación en el Congreso, generando una alarma sin precedentes en el sector.

Los representantes del sector mar industria alimentario subrayan que fue de los primeros en percibir la necesidad de preservar el medio marino y sus recursos naturales, colaborando en todo lo necesario para la sostenibilidad tanto del entorno como de su actividad.

Consideran irrenunciable hacer pública la "indefensión, incertidumbre e inestabilidad" a la que esta forma de proceder les somete, en un momento como el actual, en el que el tejido empresarial en general ha visto muy perjudicada su actividad debido a la pandemia del covid-19, y exigen "una redacción que elimine la discrecionalidad".