La Xunta de Galicia no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la paralización del reglamento general de Costas. “No son las formas de hacer las cosas pero nos agradaría recibir esa comunicación porque sería una buena noticia para toda la cadena mar-industria de Galicia”, indicó la titular de Mar, Rosa Quintana.

En una entrevista concedida a la Radio Galega, la conselleira do Mar recordó que la propuesta de modificación del Reglamento General de Costas pone en riesgo “como mínimo” a más de un centenar de empresas del complejo mar-industria de Galicia, como depuradoras, cetáreas, cocederos o fábricas de conservas, y explicó que este cambio normativo se traduciría en un freno para todo el sector marítimo-pesquero de la Comunidad.

Rosa Quintana incidió en que los cambios normativos impulsados por el Gobierno central provocarían inseguridad jurídica en esas más de un centenar de instalaciones pero también en otras más de 5.000 edificaciones repartidas por todo el litoral de Galicia como colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud. 

Rosa Quintana recordó que el Ejecutivo gallego lleva advirtiendo desde abril del año pasado de la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado y destacó que la Xunta defiende un reglamento que tenga en cuenta a viabilidad y sostenibilidad de las industrias que se relacionan con el mar porque de eso depende el futuro del sector.

Aspectos perjudiciales

Entre los aspectos de la propuesta de reglamento que el Ejecutivo gallego considera perjudiciales para las empresas afectadas está que el plazo máximo de duración de las concesiones quedaría muy limitado, a un máximo de 75 años incluidas las prórrogas. La Consellería do Mar defiende que ese plazo, de 75 años, no incluya el de la concesión sino únicamente las prórrogas, pues del contrario pondría en riesgo la viabilidad de empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos.

Otro asunto que la Xunta considera contraproducente es el hecho de que se prevé revisar nuevamente los requisitos cumplidos para el otorgamiento de la concesión cuando se tenga que decidir sobre la prórroga. Esta medida también complicaría el futuro de numerosas instalaciones al incrementar la documentación, el tiempo y los gastos necesarios para renovar o ampliar esas concesiones.

La reforma del reglamento de Costas establecería además el deber de derivar fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre las actividades que puedan desarrollarse en otro lugar, algo que, aunque puede ser viable técnicamente, implicaría un encarecimiento de la producción, por lo que puede hacer insostenible a situación económica de algunas empresas al provocar que pierdan rentabilidad.

Valoración de la Confederación de Empresarios de Pontevedra

Una postura crítica con la modificación del reglamento de Costas que también comparte la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), al igual que ya se había posicionado en su día la Confederación de Empresarios de Galicia.

En un comunicado, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, señala que "esta modificación abrupta y sin justificación está generando alarma y provoca inseguridad jurídica en muchas de las empresas que, por la naturaleza de su actividad deben instalarse en la costa”.

La Confederación, expone Cebreiros, lleva mucho tiempo alertando de las consecuencias de una reforma de este tipo, que no contempla el impacto en el territorio, en las propias empresas y en el empleo. “No tendría sentido que obligaran a las conserveras, industrias procesadoras de productos del mar o a los astilleros de reparación o construcción naval, entre otras, a trasladarse al interior, asumiendo el perjuicio económico no sólo del propio cambio de instalaciones, sino de los costes operativos adicionalesque conllevaría”, insiste el presidente de la CEP.

“Restringir la duración de las concesiones y sus prórrogas tal y como se plantea,es condenar a la industria, arrasando no sólo con actividades tradicionales en Galicia y la riqueza que han generado, sino que se condena a muchas empresas a la desaparición, imponiendo una fecha límite para su actividad, sin importar sus esfuerzos e inversiones en términos de sostenibilidad, para garantizar su continuidad”, resume el comunicado de la CEP.

Para el Comité Directivo de la CEP es "alarmante" que no se contemple un período de transitoriedad ni de adaptación, por lo que sus integrantes concluyeron que difícilmente este tipo de imposiciones, pueden promover inversión y nuevos proyectos en Galicia. 

El Comité Directivo de los empresarios pontevedreses concluye que el borrador de reforma del artículo 135 del Reglamento General de Costas "no atiende a un criterio de sostenibilidad medioambiental, sino que persigue la desocupación de la franja costera, sin atender a la importancia, valor, necesidad e incluso dependencia de algunas zonas de la industria que actualmente las ocupa".