El conselleiro de Facenda recibió a la comisión, de de la que forman parte el Consello Galego de Economistas, los colegios de economistas y abogados de Pontevedra, las universidades de Vigo y Santiago, la Asociación Gallega de Empresa Familiar y el Círculo Financiero de Galicia  y aseguró que analizará con interés la propuesta. Valeriano Martínez emplazó al mes de septiembre para la convocatoria de un equipo técnico de trabajo que tendría como objetivo inicial analizar los datos de conflictividad en Galicia y confrontar posibles discrepancias.

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, explicó que la propuesta formulada busca reducir la alta litigiosidad tributaria y propiciar un modelo colaborativo que dé seguridad al sistema en las liquidaciones de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma. La primera misión de este foro sería redactar un Código de Buenas Prácticas Tributarias.

Un foro similar al propuesto funciona desde hace más de ocho años entre la Agencia Tributaria Española y asociaciones y colegios profesionales tributarios, que a principios de mes aprobó sendos Códigos de Buenas Prácticas, a los que podrán adherirse los profesionales tributarios, comprometiéndose a velar por la transparencia, la relación colaborativa y el rechazo a prácticas abusivas, entre otras cuestiones, en aras de la transparencia, el intercambio de opinión y la seguridad jurídica.

La propuesta de esta comisión encabezada Patricia García incluye, además, la constitución del Consello Defensor do Contribuínte, un organismo dependiente del Parlamento de Galicia, cuya misión sería recibir y estudiar las quejas de los contribuyentes, instar en su caso a ATRIGA a la revocación de actos contrarios a Derecho, el control de calidad de la administración tributaria, el seguimiento de su actividad y la exigencia de criterios uniformes y ajustados a la norma tributaria y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo de Galicia.

La más alta litigiosidad de España en Impuesto de Sucesiones

Galicia encabeza el ranking de reclamaciones contra liquidaciones del Impuesto de Sucesiones (ISD) ante los tribunales económico-administrativos. Dichas reclamaciones son, en el caso de nuestra Comunidad, abrumadoramente estimadas (más del 82% de los casos), según la Memoria del Tribunal Económico-Administrativo de Galicia de 2017, que constata una situación que ha empeorado en la última década. Así se desprende del primer análisis sobre la fiscalidad en Galicia elaborado por el Círculo de Empresarios.

Junto con el de Transmisiones y Actos Jurídicos- que tampoco sale bien parado en la comparativa autonómica- y otros, el Impuesto de Sucesiones está cedido a la Comunidad Autónoma Gallega y es gestionado por la Axencia Tributaria Galega (ATRIGA).

En el cómputo total de impuestos, tanto cedidos como no, Galicia fue en 2017 la cuarta comunidad española con mayor número de reclamaciones económico-administrativas, por detrás de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, y por delante de Cataluña.