El objetivo principal, segundo indicó, se centra en el emprendimiento rural y juvenil y en la necesidad de que esta fórmula empresarial, que aglutina a más de 7.000 entidades y 300.000 personas, se abra a nuevos mercados y gane tamaño para favorecer su competitividad e internacionalización.

La normativa, que nace de la voluntad de acuerdo y colaboración entre la Xunta y los agentes económicos y sociales, está en consonancia con la ley estatal y las directrices europeas, en concreto con las conclusiones del Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, e incide en dos ámbitos: activar las medidas necesarias para fomentar la Economía Social y dar visibilidad e integrar al sector, hasta ahora disperso.

De este modo, la Ley contempla conseguir instrumentos idóneos para el lanzamiento de nuevos proyectos de emprendimiento colectivo como es la creación de un fondo de capital riesgo de 5 millones de euros. Conde también resaltó que se está trabajando en el acceso de estas empresas a los préstamelos y microcréditos bonificados que se negocian desde el Igape para favorecer a pymes y microempresas. Estas dos medidas se suman a las actuales ayudas para la promoción de la Economía Social que ascienden a 5,4 millones de euros.

En el campo de la integración y visibilidad del sector, la Ley impulsa la creación del Catálogo de entidades de Economía Social que facilitará el conocimiento y el reconocimiento de las organizaciones privadas, y la creación del Consello de la Economía Social de Galicia para facilitar la representación del sector ante las administraciones y otros grupos de interés. Este órgano tendrá entre sus funciones la elaboración de estudios, informes y propuestas, la dinamización de la cooperación empresarial o velar por la idónea aplicación de los principios de la Economía Social y de la Ley.

Planes de estudios y cooperativas juveniles

Asimismo, en este ámbito a normativa incluye la simplificación de los trámites administrativos mediante la elaboración de una aplicación informática y la introducción de la Economía Social en los planes de estudio, a través de la elaboración de unidades didácticas adaptadas la cada nivel educativo y la impartición de formación con un enfoque práctico. Además, se modificará la Ley de Cooperativas para regular la figura de la cooperativa juvenil. A los jóvenes de entre 16 y 29 años se les reduce a 300 euros el capital social mínimo exigido, frente a los 3.000 de las cooperativas comunes y se les permite, además, la constitución en documento privado con el correspondiente ahorro notarial.

Nueva Estrategia para el cooperativismo
Conde afirmó, por lo tanto, que la nueva Ley fortalecerá a estas entidades, al igual que lo hará la Estrategia para el impulso del cooperativismo gallego 2016-2020, en la que está trabajando el Gobierno gallego en consenso con los agentes. Se trata, según apuntó Conde, de una apuesta por la innovación, por la apertura de nuevos mercados y por que las cooperativas ganen tamaño.