Declaración de Santiago
Ocho presidentes piden un sistema de financiación que responda a las necesidades de gasto reales
Las ocho comunidades autónomas -que suponen conjuntamente el 61,975 de la superficie de España y un 24,13% de la población- consensuaron la Declaración de Santiago, con la financiación autonómica, la cuestión demográfica y la gestión de los fondos europeos Next Generation como temas centrales. "Las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales", reza el punto 24 del documento.
La declaración también aborda cómo afectan las decisiones del Gobierno central a las comunidades y por ello se aboga (en el punto 29) por que el nuevo modelo de financiación de las comunidades "debe hacer plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica, de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten al capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse.
Punto de encuentro para acordar y construir
"Hoy presentamos un documento con vocación de permanencia", afirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recalcando que la reunión de este martes en Santiago, ejos de ser una frente contra nadie es un punto de encuentro para acordar y construir; ”algo que es bueno para las comunidades, para el conjunto de España y para la política, porque se trata de sumar y no de enfrentar, de defender juntos aquello que nos une y de enfocar conjuntamente los problemas que son similares en todas las tierras que componen España”".
En esta línea, se refirió como uno de los asuntos de gran calado estructural para el futuro, a la necesidad de que la cuestión demográfica sea una prioridad institucional, con medidas para promover el retorno de aquellos españoles que emigraron; además de favorecer el desarrollo sostenible en las zonas rurales, “porque esto es garantizar miles de empleos y la despensa del conjunto de España”.
En lo referido a un sistema de financiación consensuada, Feijóo demandó que se tenga en cuenta el coste real de los servicios, como la sanidad o la educación, y factores que los encarecen como la dispersión o el envejecimiento. “Reforzar el principio de suficiencia es, por lo tanto, uno de los principios básicos que inspiran la Ley orgánica de financiación autonómica”, dijo. En el ámbito sanitario destacó la necesidad de valorar de manera adecuada el impacto de cada grupo de edad, prestando especial atención a los mayores de 65 años y aumentando su ponderación.
Reparto de los fondos europeos
En tercer lugar, sobre los fondos europeos Next Generation, el presidente de la Xunta incidió en la importancia de que se cumplan los acuerdos de la Conferencia de Presidentes: “Que se transfieran el 50% de los fondos y que lleguen a la economía real, a las pequeñas empresas, es decir, al conjunto de nuestro sistema productivo”, explicó. En el punto 33 de la Declaración de Santiago se reclama "una asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (...) que garanticen una salida cohesionada de la crisis, y permitan que la recuperación llegue a todos de forma equitativa".
Feijóo concluyó reivindicando nuevamente este foro cuyo único objetivo, dijo, es ser útil: “Porque demuestra que los políticos podemos ponernos de acuerdo en temas importantes; porque hoy ocho comunidades distintas, con presidentes distintos, de tres partidos distintos, somos capaces de firmar un documento único; y porque las medidas no solo benefician a los ciudadanos de estas comunidades sino al conjunto de los españoles”.
Además de Feijóo en representación de la Xunta de Galicia, firmaron esta Declaración de Santiago los presidentes socialistas del Principado de Asturias (Adrián Barbón), Aragón (Javier Lambán), La Rioja (Concepción Andreu), Extremadura (Guillermo Fernández Vara) y Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), el de Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco, del PP) y el de Cantabria ( Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria).