Representantes de las organizaciones OPP-7 Burela, Opnapa, Opromar y Orpagu ofrecieron este martes una rueda de prensa en Santiago para describir el "calvario" que está sufriendo desde hace dos años la flota de palangre de superficie gallega, una de las más importantes de Europa. El sector afronta importantes perjuicios por la "inacción y falta de voluntad" para encontrar una solución del Gobierno de España, "que se traduce en un bloqueo administrativo difícil de entender", señalan en un comunicado.

Las reiteradas protestas de la flota de Burela, Vigo, A Guarda y Marín (alrededor de 125 buques) se ven con mucha preocupación desde Anecteam (Asociación Nacional de Empresas Transformadoras y Comercializadoras de Especies Altamente Migratorias), que también demanda “una resolución inmediata del conflicto”. Desde Anecteam aseguran que la situación está generando “una gran incertidumbre en nuestras empresas, trabajadores y clientes” y un problema de desabastecimiento “que se traduce en una pérdida comercial para nuestras empresas”. En este sentido, apuntan a que la falta de oferta de la flota española puede provocar escenarios no deseados como la redirección de la adquisición de este producto, por parte de sus clientes, hacia otras flotas u operadores internacionales “menos comprometidos con la sostenibilidad de la especie”. Esto implicaría, aseguran, “que el perjuicio podría prolongarse durante varios años”.

Un laberinto burocrático desde hace dos años

Todo empezó en agosto de 2019 con la entrada del marrajo en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que exige que las exportaciones de dichas especies deben incluir los permisos correspondientes en los que se demuestre que provienen de pesquerías sostenibles y legales. Y aquí comienza una odisea para la flota española que, dos años después, continúa.

El asunto -exponen las organizaciones de productores pesqueros gallegas- ha llegado a situaciones "esperpénticas" como la vivida por algunos armadores cuando el año pasado fueron obligados a destruir miles de kilos de marrajo, y costear ellos mismos esa operación, a pesar de haberlo pescado legalmente. Y es que la "falta de coordinación" entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de Adgricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) imposibilitó comercializar desde el Puerto de Vigo, uno de los principales puntos de venta de esta especie, partidas capturadas legalmente, que tampoco fue posible entregar a comedores benéficos.

Este tipo de decisiones y la falta de interlocución ha llevado al sector español a una situación límite. “Mientras nosotros no sabemos aún qué va a pasar con la cuota de este año y estamos obligados a tirar al mar todo el marrajo que cojamos, otras flotas comunitarias y de fuera de la UE están pescando y comercializando la especie sin ningún obstáculo”, denuncian.

Lo más curioso es que la flota de palangre de superficie gallega es un ejemplo a nivel europeo de sostenibilidad y buenas prácticas, tal y como han destacado numerosos dirigentes, incluida la propia administración española. Esta preocupación de las organizaciones de productores que tienen en esta especie a uno de sus objetivos los llevó en 2019 a poner en marcha conjuntamente con Anecteam, un proyecto de mejora pesquera (FIP Blues), el único a nivel internacional que incluye a una especie de tiburón como es la tintorera.

Ahora mismo, y a la espera de alguna noticia del Gobierno español, la flota sigue sin poder capturar marrajo, problema al que se suman las partidas de esta especie que se encuentran en almacenes frigoríficos, con lo que el perjuicio económico es doble.

Por eso, la flota y la industria transformadora y comercializadora aseguran que el principal problema sigue siendo la "descoordinación" interministerial, que se prolonga desde hace dos años, y la "falta de diligencia" e "incapacidad" para resolver un tema que está afectando a la economía de numerosas empresas del sector extractivo y comercializador.