El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en marzo una propuesta de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción. Con la entrada en vigor de este Real Decreto, prevista para antes de que finalice el año, los edificios con calefacción central que no resulten exentos de la obligación, por no ser rentable o técnicamente inviable, deberán instalar contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota.

La aplicación de la medida, que afectará a cerca de 1,5 millones de hogares en toda España (el 6,9% del total) se hará de manera gradual, según las previsiones del Ministerio. Se comenzará por aquellas viviendas situadas en la llamada Zona Climática E, la más fría, para continuar por las regiones de las zonas D y C. Las Zonas Climáticas B y A –Levante, Baleares y Canarias–, quedan exentas de su aplicación.

Lugo, situada en la Zona Climática D, será la primera de las provincias gallegas en aplicar el Real Decreto. Unas 13.000 viviendas se verán beneficiadas por la aplicación de la nueva normativa, al reducir su factura energética una media de 300 euros al año. Así un edificio que tenga calefacción central y más de 70 pisos tendrá que evaluar la rentabilidad de la instalación antes del 30 de abril de 2020 y, si resulta positiva, instalar los consiguientes repartidores de costes antes del 31 de julio de 2021.

Según Ignacio Abati, director general de ista, empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción y presidente de Aercca (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción), “estos plazos se han establecido para evitar que se produzca un embudo en la instalación de estos dispositivos. Además, habrá multas y estas serán de entre 1.000 y 10.000 euros si no se cumple con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y multar, en su caso.”

El objetivo final de este Real Decreto es cumplir con la Directiva sobre Eficiencia Energética Europea que todavía no se ha implantado en España en su totalidad. No en vano, esta medida supondrá importantes ahorros de energía y de emisiones contaminantes.

Para las familias lucenses la medición individual del consumo de calefacción puede suponer aproximadamente un ahorro de 300 euros por vivienda y año y para el total Galicia supondrá aproximadamente un ahorro de cerca de 28 millones de euros al año. “Pero además del ahorro en la economía familiar, los ciudadanos tendrán que valorar el importante aporte medioambiental que la nueva normativa va a suponer”, asegura Ignacio Abati, “en el caso de Galicia se dejarán de emitir un total de 59.000 toneladas de CO2 al año”.

La medida también traerá aparejada la creación de puestos de trabajo. Los expertos calculan que la instalación y gestión de sistemas de medición individual generará en España un total de 2,000 puestos de trabajo, directos e indirectos, de los cuales 600 serán en Galicia.