La patronal gallega, las confederaciones provinciales, los jóvenes empresarios o la asociación que agrupa a las empresas familiares han expresado en sus últimas horas su “preocupación”, “desconcierto”, “estupefacción” o “disgusto” por la prohibición del despido o el cese de toda actividad económica no esencial.

Así, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) apunta que “las políticas adoptadas por el Ejecutivo en las últimas jornadas no han hecho más que contribuir al desconcierto y a la incertidumbre del empresariado y de los trabajadores”. En relación a la imposibilidad de despedir durante la crisis, la patronal demanda al Gobierno más concreción, “porque ni siquiera matizando nos queda claro que pagando por un despido improcedente después no lo considere nulo, con las consabidas consecuencias como son la readmisión del trabajador y el pago de los salarios no cobrados desde la fecha del despido hasta la de la notificación de la sentencia”. En cuanto al cese de actividades no esenciales desde este lunes 30 de marzo y hasta el próximo 8 de abril, la CEG lamenta “la total inoportunidad de la fecha elegida” y reclama “la necesidad de conocer con urgencia la lista taxativa de las actividades que se consideran esenciales para poder adoptar las medidas oportunas”.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) considera que el Ejecutivo está actuando “de forma improvisada, sin previsión y generando con estos anuncios más desconcierto, incertidumbre e inquietud al tejido empresarial, industrias, autónomos y trabajadores en general, que se ven forzados a trabajar y organizarse a golpe de noticias y anuncios repletos de inconcreciones”. Al gobierno central la CEO pide que esta medida “y las sucesivas, vayan acompañadas de otras que eviten un agravamiento  de la situación ya dramática que atraviesan las empresas, entre otras pymes y autónomos, y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva”.

También desde la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) se advierte del “fuerte impacto” que van a provocar estas nuevas medidas en la economía, “especialmente en sectores como el industrial y la construcción, que hasta ahora venían  desarrollando su actividad diaria, si bien garantizando debidamente la protección de sus trabajadores”. La patronal coruñesa entiende, en definitiva, que el parón que van a propiciar las nuevas medidas va a agravar aún más la crisis económica existente, “que puede derivar en una crisis social de consecuencias ciertamente indeseadas”.

Valoración de la prohibición de despedir

En cuanto a la decisión de prohibir temporalmente los despidos por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción, la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) cree que esta decisión del gobierno central “rompe el consenso y el más necesario que nunca diálogo social” y considera que “lastrarán la posterior recuperación económica del país”. También advierte la patronal lucense de la “inseguridad jurídica que están causando los cambios de criterio y la indefinición de algunas de las medidas aprobadas”, lo cual está obligando a los servicios jurídicos de las empresas, los de la CEL incluidos, a “rectificar sobre las marcha cuestiones de crucial interés para la gestión de las decisiones a adoptar”.

De un modo similar, el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo, indica que esta medida “obedece a razones ideológicas y no económicas. Deja a los autónomos en una situación de indefensión total; aquellos que hayan visto bajadas sus ventas considerablemente pero sin llegar a la dramática cifra del 75% ni podrán acogerse a los supuestos ERTE flexibilizados ni recortar en sus costes laborales para preservar el empleo del resto de la plantilla”.

Los jóvenes empresarios exhortan al Gobierno central a que tome “medidas concretas y reales, que nos permitan afrontar la crisis económica que sobrevendrá a la sanitaria, tales como la supresión de la cuota de autónomos para todos los que hayan sufrido bajadas de actividad o el aplazamiento de las declaraciones tributarias”.

En la misma línea, la asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) lamenta que el Gobierno haya vuelto a “arrumbar” a los autónomos a tan sólo tres días del final del mes, después de que en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes tampoco se tomaran medidas para aliviar la situación de este colectivo. Desde AUPA se exige al Gobierno que los autónomos dejen pagar “de inmediato” la cuota a la Seguridad Social, una medida que -opinan- debe mantenerse durante el estado de alarma, así como la eliminación del pago de impuestos durante este periodo.

Defensa del papel de los empresarios

Por su parte,  la Asociación Gallega de la Empresa Familiar muestra su “total y absoluto compromiso con el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias establecidas” pero rechaza “cualquier consideración que pueda hacerse sobre actitudes insolidarias del mundo empresarial, a todas luces, inexistentes y que son solo fruto de prejuicios injustos”. “Las empresas en todo momento se han puesto a disposición del gobierno, autonómico y central, demostrando su compromiso con nuestro país y con sus ciudadanos, añade el comunicado de la AGEF. En este sentido, pide a la administración “mecanismos ágiles que animen a que cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma temporal hacia dichas actividades (de lucha contra el covid-19)".