Las principales organizaciones de palangre de superficie gallegas consideran que el Ministerio de Transición Ecológica no es el competente para la gestión pesquera y denuncian la inacción del Ministerio de Pesca, por permitir una situación que los está llevando a la ruina económica, al no poder vender ni comercializar una parte importante de sus capturas de marrajo dientuso, desde su inclusión en el anexo II de CITES (el acuerdo internacional sobre el comercio internacional de especies amenazadas).

La situación es de “alerta roja”, denuncian en un comunicado conjunto las organizaciones de productores pesqueros de Burela, Vigo, Marín y A Guarda. La mayoría de las empresas no podrán aguantar muchos meses en esta situación. Aunque la situación es global, el impacto es más grave en la flota del Atlántico Norte por su dependencia de la quenlla, que representa una media del 75% de las capturas y un 60% de los ingresos, pero con los precios en caída libre, cada día es más difícil de sobrevivir para los 90 barcos que trabajan aquí.   

La demanda ha desaparecido o es muy inestable, y los precios están sufriendo una bajada histórica. Como ejemplo, en agosto la quenlla se ha vendido ya por debajo de 0,30 €/kgs. Comparando los precios en sólo un año, las diferencias de precio en la quenlla son de más del 52%, y del 17% en el pez espada. Los ingresos medios han caído más de un 30%. Los armadores son unánimes: “con estos precios, esta flota no durará mucho tiempo, es imposible sobrevivir”. A cualquier cuenta de explotación, si le metes un hachazo del 30%, en pocos meses se descapitalizan las empresas y la situación se vuelve insostenible.

Conflicto con la gestión pesquera del marrajo

Otra de las problemáticas que está sufriendo la flota palangrera tiene que ver con el comercio del marrajo dientuso, que ha sufrido una gran complicación desde noviembre 2019, tras su inclusión en el anexo II (especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse) de CITES. Ahora, además del Ministerio de Pesca, intervienen en su comercialización los Ministerios de Transición Ecológica (MITECO) y de Comercio (MINECO).

Las cuatro organizaciones de palangre de superficie opinan que la descoordinación y desentendimiento entre los diferentes departamentos de la Administración central está provocando unas consecuencias económicas insostenibles a la flota. Llevan varios meses demandando una solución que ponga fin al bloqueo administrativo que está impidiendo la comercialización de esta especie, situación que afecta particularmente a la flota gallega y que viene a empeorar la crisis económica que están sufriendo estas pequeñas empresas a causa del COVID.

Hay toneladas de marrajo procesado y almacenado en los frigoríficos, que sin embargo no pueden venderse, debido al bloqueo administrativo provocado por el Ministerio de Transición Ecológica, que ha decidido, de un modo totalmente unilateral, y en contra de los criterios de Pesca, restringir la comercialización de esta especie, y permitiendo que el mercado internacional se surta con otras flotas que paradójicamente no habían pescado habitualmente esta especie, y no habían implantado las medidas de gestión que sí se había autoimpuesto la flota española.

La flota considera que este exceso de celo y la descoordinación entre los diferentes departamentos de una misma administración, no hacen más que perjudicarles porque esto no pasa en el resto de los países. Y de poco sirven sus esfuerzos para exponer la sostenibilidad de la pesquería, sus esfuerzos para certificarse, o la puesta en marcha de un FIP mundial. El resto de países están copando el mercado que se le quita a esta flota ya que todos están comercializando el marrajo, excepto la flota española. Algunos armadores se preguntan si España puede permitirse el cierre de tantas empresas, simplemente por una incompetencia administrativa.  

Toneladas de marrajo sin vender

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de estas organizaciones, es que desde MITECO han recibido una respuesta a su petición de reunión urgente enviada en julio, en la que los convocan para el 15 de octubre. Consideran una desconsideración y un desprecio, dada la urgencia y gravedad de la situación, con cientos de toneladas sin vender y las economías maltrechas, que la Administración siga desoyéndoles y sin ofrecer una respuesta.

Los armadores se preguntan que tienen que hacer. La pesquería no está cerrada porque se están cumpliendo las directrices de gestión que regula la ORP (Organizaciones Regionales de Pesca que por mandato internacional son las responsables de la gestión de los stocks de pesca), y el producto ahora no se puede tirar al mar, ni el que está en los frigoríficos ni a bordo de los barcos, ya que hacer esto ahora y descartarlo, una vez eviscerado y congelado, sería un verdadero atentado medioambiental. La solución pasa por documentar todo lo que está ya capturado y permitirle una salida comercial, explican, y luego tomar decisiones urgentes sobre la pesquería, por lo que se solicitan a la Administración que actúe y ofrezca soluciones urgentes a este grave problema creado por ella misma.

Algunas de las organizaciones están estudiando diferentes acciones judiciales para defender una situación que consideran grave e injusta. “Tanto sector básico y esencial, tanto aplaudir nuestros esfuerzos para hacer una pesca sostenible, y ahora no tenemos a nadie que resuelva un problema administrativo entre diferentes ministerios, y donde ministerios sin competencias pesqueras están prohibiendo comercializar una pesca legal sostenible de acuerdo a la regulación de Organizaciones Regionales de Pesca de carácter Internacional”.