Asime, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías asociadas de Galicia, ha expresado su "sorpresa" ante la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de avalar la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el "tax lease". La sentencia indica que el régimen fiscal español aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero celebrados por astilleros "constituye un régimen de ayudas", y que por tanto las ayudas de Estado "ilegales" concedidas en virtud de este régimen deben recuperarse de sus beneficiarios.

En la sentencia, el el Tribunal General desestima los recursos contra la decisión de la Comisión Europea de 2013 presentados por los demandantes: el Gobierno de España, Lico Leasing y Pymar, que agrupa a 19 astilleros privados.

Desde Asime confían en que se presente recurso contra la resolución del tribunal europeo "ya que entendemos que la sentencia tiene incorrecciones de base. Se asume que los inversores, a quien se les reclamaría la devolución, fueron los únicos beneficiarios de las ayudas, pero estos inversores no se quedaban con esas cantidades ya que las transfirieron a otros actores, especialmente a los armadores, por lo que esta sentencia tiene una incoherencia de base”.

Desde la patronal del metal hacen un “llamamiento a la confianza de los inversores y a los armadores, y recuerdan que el sistema de arrendamiento fiscal que opera en la actualidad está absolutamente vigente y fue aprobado por las autoridades europeas”.