En el mes de junio pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló, en sendas sentencias, las autorizaciones de la Xunta de Galicia a Greenalia para desarrollar los parques eólicos Campelo, ubicado entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco, y Bustelo, ubicado entre este último concello y el de Carballo, al considerar que se estaba produciendo una “fragmentación indebida”. 

Al respecto, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), al que pertenecen muchos de los técnicos firmantes de proyectos eólicos en la Comunidad y como entidad que realiza el visado de estos proyectos para sus colegiados, se ha querido recordar que la normativa indica que el acceso a los nodos de la red eléctrica se tiene que realizar en un solo punto, por lo que si existen varios parques eólicos con acceso concedido en el mismo nodo, tienen que compartir las infraestructuras de evacuación para llegar con su energía al nodo”, explica al respecto el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), Francisco M. Pérez.

A través de un comunicado de prensa, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia recuerda que la Ley 21/2013 marca en su Anexo 1 qué instalaciones deben acogerse a evaluación ambiental ordinaria, que es el mayor grado de análisis ambiental y es la casuística que afecta a la energía eólica. Así, la normativa exige dicha evaluación ambiental ordinaria para “instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW, o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental”.

El ICOIIG recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental define el fraccionamiento de proyectos como el “mecanismo artificioso de división de un proyecto con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria en el caso de que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el anexo I”. Es decir, desde el punto de vista del trámite ambiental el fraccionamiento de proyectos tiene que ver con la voluntad de evitar la más completa de las evaluaciones ambientales, lo que en la práctica no sucede si ya el parque eólico se somete a evaluación ambiental ordinaria.

Desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia señalan que estos proyectos "se abordan ambientalmente en toda su extensión analizando, como marca la Ley, los efectos sinérgicos (entendidos como aquellos que se producen cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente)". En su comunicado, el Colegio recuerda que los proyectos de generación eólica se someten a largos procesos de evaluación ambiental (algunos durante décadas) "que no solo están sometidos al escrutinio de la sociedad sino también al de decenas de técnicos que evalúan todos y cada uno de los aspectos que podrían causar incompatibilidades con el medio ambiente".

Compartir infraestructuras de evacuación

Por otro lado, desde este Colegio profesional gallego recuerdan que el acceso de varios parques eólicos al mismo nodo de la red eléctrica, "debe hacerse en un único punto, lo que obliga a compartir infraestructuras de evacuación, fundamentalmente subestaciones y líneas eléctricas, siendo además la solución técnica más eficiente".

Ello atiende a "criterios de optimización de las instalaciones de conexión requeridas para la conexión a red eléctrica de varias instalaciones de generación, que deben conectarse en un mismo nodo de la red eléctrica, minimizando así la afección ambiental de dichas instalaciones, su impacto paisajístico, sobre la ocupación de suelo, etc. Es decir, se proyectan con criterios de mínima afección y máxima cohesión territorial".

Desde el ICOIIG indican que "se está poniendo en riesgo la tramitación y construcción de los proyectos eólicos si se dilata el proceso de construcción, ya que se podría incumplir el plazo de cinco años de puesta en marcha de la instalación que marca el Real Decreto Legislativo 23/2020, que castiga con la pérdida del punto de evacuación a aquellos parques que no hayan sido ejecutados en junio de 2025 (o cinco años desde la obtención del punto de acceso a partir de esta fecha) y que no contempla una prórroga en caso de verse inmerso en un proceso judicial, lo que en la práctica supone la inviabilidad del proyecto, causando una inseguridad jurídica a los promotores que puede terminar con la inversión en la creación de energía tan necesaria para nuestra comunidad autónoma".

2.000 MW de eólica autorizados

Concluye el comunicado del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia alertando del peligro de paralizar 2.000 MW de eólica autorizados por la Administración gallega a construir en el periodo 2023-2026, con más de 2.400 millones de euros de inversión comprometida que generarían más de 2.500 puestos de trabajo, "ya que se estaría paralizando al sector industrial, en proyectos de hidrogeno, de fábricas de neumáticos, reapertura de Alcoa y, en general,  muchos proyectos acogidos al programa del Next Generation, ya que esas empresas tienen firmados acuerdos a largo plazo (PPA, Power Purchase Agreement) para compra de energía a precios competitivos, precisamente con esos parques eólicos que se están paralizando, por lo que se corre el riesgo de que nunca se instalen aquí o se vayan a otra Comunidad Autónoma donde por cierto esta situación de parálisis del sector eólico no se está produciendo".