Barómetro de Transición Energética
La descarbonización avanza lentamente en España
El primer Barómetro de Transición Energética en España, elaborado por el centro de investigación Economics for Energy, que dirigen el catedrático de la Universidad de Vigo Xavier Labandeira y el profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE Pedro Linares, ha presentado sus resultados este jueves en Madrid.
Los resultados de este barómetro ponen de manifiesto un grado de descarbonización en España inferior al de la Unión Europea, por lo que se considera preciso que este proceso se acelere significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.
El Barómetro de Transición Energética en España realiza un análisis anual sobre la evolución de la descarbonización, la accesibilidad y la seguridad de la energía que permite hacer un seguimiento del ritmo de transición energética. Según el barómetro, los resultados registrados hasta 2017 evidencian la necesidad de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que contribuiría a mejorar el avance de estos tres ejes, seleccionados por ser los referentes de la política energética europea.
Proceso de descarbonización
Por lo que se refiere a la descarbonización, el análisis del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero desvela una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se vio agravado por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía -especialmente 2015 y 2017-, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, las emisiones.
En 2017, las emisiones aumentaron un 21% sobre las de 1990, aunque se redujeron en ese mismo porcentaje con respecto a 2005 Esto permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de gases contaminantes para los sectores sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la UE (sectores ETS, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico) y un 10% para los no sujetos (sectores difusos, como el residencial o el transporte). Sin embargo, presenta un importante reto con respecto a los objetivos marcados para 2030: una reducción del 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y un 26% para los sectores difusos.
El segundo indicador analizado referido a la descarbonización, relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB), desvela una ligera reducción desde 2010, lo que reflejaría una mejora de la descarbonización relativa de la economía. No obstante, esta es inferior a la experimentada en el conjunto de la UE, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.
Repunte de los precios y el gasto
Por lo que se refiere al segundo eje, la accesibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo -y en algunos años, del gas- mejoró la accesibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. En comparación con el conjunto de la UE, la evolución de los precios se mantuvo en valores similares desde el inicio de esta década.
Mejora en la capacidad de gestionar renovables
Por lo que se refiere a la seguridad de suministro, tercero de los ejes, el punto positivo lo ponen el descenso tanto de la cantidad como, sobre todo, del coste de las reservas eléctricas, que bajó un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.
En cuanto a la seguridad económica, recoge el Barómetro que España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad del precio del gas y del petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. Otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que sufrió bandazos importantes pero que descendió en los últimos años hasta situar el riesgo en valores similares "ligeramente superiores" a los de 2010.