Para la ministra de Industria, Reyes Maroto, “el Estatuto del Consumidor Electrointensivo es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas, por primera vez, de un marco normativo de reconocimiento a estos consumidores, con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía. El Estatuto va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores, y junto con las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, supondrán un nuevo marco legal al servicio de la gran industria”.

La ministra Maroto recuerda que “los principales países de la UE ya han puesto en marcha marcos normativos de reconocimiento a estos consumidores, por lo que es necesario que nuestro país ponga en marcha el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para corregir la desventaja competitiva que origina a las industrias que operan en nuestro país no contar todavía con un marco de esta naturaleza”.

La aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo pone así fin a una larga tramitación (dos años desde que se aprobara el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, en el que se emplaza al Gobierno a aprobar este estatuto) de un instrumento que ha sido insistentemente reclamado tanto por la Administración gallega, como por las industrias electrointensivas ubicadas en nuestra Comunidad, como Alcoa o Xeal (antigua Ferroatlántica), o incluso desde los sindicatos. 

Objetivos del Estatuto

Los objetivos principales del Estatuto son dotar a los consumidores electrointensivos de un marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que les ayude a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos, conforme a la normativa comunitaria, y potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad.

El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos. Cabe destacar también la obligatoriedad de mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

Caracterización del consumidor electrointensivo

Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle (el más barato) debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida. El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que se inicia a solicitud del interesado.

Mecanismos de apoyo para reducir los costes energéticos

Entre esos mecanismos de apoyo destinados a reducir los costes energéticos figuran un mecanismo de compensación de ciertos cargos repercutidos en los costes de la electricidad hasta un máximo del 85 % de los costes imputables en los cargos —repercutidos en los precios del suministro de electricidad— por la financiación de los costes de energías renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (TNP). 

También se recoge el mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo por consumidores electrointensivos. El Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos.

Este mecanismo fomenta la contratación a largo plazo de energía eléctrica de estos consumidores, ya sea directamente o a través de un intermediario, producida por instalaciones de generación de energía eléctrica, y en particular procedente de instalaciones de generación renovable, mediante mecanismos de cobertura de las garantías que tienen que prestar los consumidores para la firma de dichos contratos a través de CESCE. En la norma se efectúa el desarrollo del mecanismo de cobertura de riesgos por cuenta del Estado para los contratos a plazo de consumidores electrointensivos para el fomento de contratación bilateral a largo plazo del suministro de energía eléctrica.