La sentencia 553/2021, de 23 de abril, del Tribunal Supremo dio la razón a Galicia en su reclamación de la mensualidad del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017 y reconoció el derecho a que la Comunidad fuese compensada por esa mensualidad que no ingresó el Ejecutivo central y a pagarle los intereses de demora. La cantidad a abonar a Galicia por esta sentencia asciende a 211 millones de euros más los intereses de demora (unos 14 millones), lo que coincide con los cálculos realizados por el Gobierno gallego.

Dicha resolución judicial acreditó que el Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de la Comunidad gallega, que esa actuación originó un quebranto económico a la hacienda autonómica, y que de esa manera se produjo un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado.

La Xunta, señalan desde la Consellería de Facenda e Administración Pública en un comunicado, actuó siempre con la máxima lealtad institucional y por eso Galicia fue la primera Comunidad en advertir de esta situación en julio de 2018 y reclamar la mensualidad correspondiente al IVA de 2017 que el Gobierno central tenía que haber transferido en el año 2019 en cumplimiento del sistema de financiación autonómica.

El Ejecutivo gallego reclamó de manera reiterada al Gobierno central que hiciera este abono, tal y como acreditan los hechos probados en la sentencia. En este sentido, la Xunta exigió en varias ocasiones una solución en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Además, elaboró informes jurídicos que facilitaban una solución; exigió conocer los informes jurídicos en los que el Estado apoyaba su posición y le aportó los suyos; incluso redactó una propuesta normativa para solucionar esta cuestión que fue remitida al Gobierno y que no fue tomada en consideración; y también impulsó la aprobación de resoluciones en el Parlamento de Galicia en apoyo a esta reclamación.