Esto supone que la Comunidad Autónoma gallega evita tener que presentar un plan económico-financiero (PEF), que sí tendrán que realizar las administraciones que incumplen alguno de los tres objetivos.

Tal como establece el informe que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, Galicia cumplió en el ejercicio 2018 el objetivo de déficit público, que estaba fijado en el 0,4% para todas las administraciones autonómicas, ya que Galicia cerró el ejercicio con superávit contable por primera vez en los últimos 16 años. Son 15 las comunidades que han cumplido este objetivo, a excepción de Murcia y Comunidad Valenciana.

Según informa la Consellería de Facenda, este informe del Ministerio de Hacienda aún no actualiza la cifra del superávit de 2018 para incluir el cálculo correcto, que es de 125 millones de euros. De hecho, el informe aún recoge el cálculo inicial de 104 millones de euros publicado en marzo por la Administración General del Estado, pero la Xunta ya ha trasladado al Ministerio de Hacienda la explicación técnica correspondiente para subsanar este error.

Deuda pública

Lo mismo sucede con el límite de deuda pública, ya que el informe del Ministerio de Hacienda muestra que Galicia cerró el ejercicio con una ratio de deuda/PIB del 18,0%, cifra que ya fue actualizada por el Banco de España al 18,1%. En todo caso, el informe confirma que Galicia cerró el ejercicio cumplió el límite máximo autorizado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que era del 18,4% para la Comunidad Autónoma. Todas las comunidades cumplieron el objetivo de deuda pública del ejercicio 2018 salvo  Andalucía.

Regla de gasto

Finalmente, el informe también ratifica que en 2018 Galicia cumplió el límite de la regla de gasto, un mecanismo que tiene como objetivo evitar consolidaciones procíclicas de gasto en la Administración, evitando un aumento excesivo de los gastos estructurales que, en épocas de dificultad, no puedan ser afrontados. Galicia se encuentra entre las 13 comunidades cumplidoras (las excepciones son Andalucía, Baleares, Murcia, y Valencia).

Con el cumplimiento de los tres objetivos de estabilidad, Galicia evita la aprobación de un plan económico-financiero, obligatorio cuando una Administración incumple alguno de estos parámetros. Además, Galicia se beneficiará de otras ventajas derivadas de este cumplimiento, como el acceso al Fondo de Facilidad Financiera, la concesión de avales a empresas o la utilización de una tasa de reposición de efectivos públicos mayor de la que podrán usar las comunidades autónomas incumplidoras.