En una entrevista concedida a Radio Voz el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, valoró el resultado de la reunión celebrada este martes en el Ayuntamiento de A Coruña para analizar el futuro del puerto, en la que participaron representantes de las administraciones central, autonómica, provincial y local. Fernández Prado señaló que en el encuentro no hubo avances significativos y lo que se extrae es que “queda todavía mucho trabajo por hacer”. Por ello, reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera intensa para dar nuevos pasos en un proceso que tiene al enlace ferroviario como el punto de partida imprescindible. Sin el tren “olvidémonos de sacar mercancías que continúan en el puerto interior, ni de transformaciones urbanísticas, ni de recuperar terrenos para la ciudad”, indicó el presidente.

Fernández Prado puso el calendario sobre la mesa para insistir en la urgencia de licitar el proyecto de enlace ferroviario a Punta Langosteira, aun contando con el compromiso expresado por el Ministerio de prorrogar dos años más la Declaración de Impacto Ambiental, que vence en el mes de junio. En ese escenario era materialmente imposible conservar la vigencia de la DIA, porque en el horizonte de junio la obra tendría que estar ya iniciada, tal como dicta la normativa ambiental. El tiempo sigue apremiando y “toca poner fecha cuanto antes” para la licitación de una obra que cuenta con un proyecto maduro, porque se corre el riesgo de dejar caducar de nuevo la declaración de impacto, lo que implicaría otros cinco años más de tramitación.

En el mejor de los escenarios, si la obra se licitara ahora mismo, el presidente de la Autoridad Portuaria calculó que tendrían que pasar cinco o seis años para tener el tren operativo, sumando la adjudicación, contratación y la propia ejecución. Para Martín Fernández Prado, lo verdaderamente importante ahora es buscar los fondos necesarios para materializar un proyecto que estaba comprometido en el Protocolo firmado entre la Xunta y el Gobierno en 2018, que preveía su licitación para el primer semestre de 2019 y que se paralizó tras el cambio de Gobierno.

Por lo pronto, la Autoridad Portuaria ya ha entregado a Puertos del Estado y a Adif un nuevo estudio económico cuyos resultados cuantifican también los efectos sociales y ambientales del Puerto Exterior. En este punto Martín Fernández Prado puntualizó que no hay que olvidar que el principal motivo de su construcción fue alejar los tráficos más sensibles del centro de la ciudad, lo cual se ha cumplido. Prueba de ello es que, a pesar de la alerta amarilla decretada por el fuerte viento, este miércoles permanecen operando en Langosteira cuatro buques, dos de ellos con operaciones de coque y otro embarcando azufre. Dos de las mercancías más molestas que ya se han retirado del centro urbano, con lo que ello supone en cuanto a mejora ambiental.

Deuda pendiente

Fernández Prado también se refirió a la deuda originada por la construcción del Puerto Exterior. Recalcó que la Autoridad Portuaria cuenta con liquidez que le permite afrontar todos los créditos y gastos de los próximos cinco años, pero que es necesario buscar una alternativa para no tener problemas a medio plazo.

El presidente de la Autoridad Portuaria indicó que existen vías para despejar la deuda, entre ellas la que se abrió en el mencionado Protocolo, de crear un órgano para gestionar la compra de suelo por parte de las administraciones de manera que los terrenos siguieran siendo públicos y la Autoridad Portuaria recibiera una contraprestación. Así lo hizo la Xunta de Galicia, que, como recordaba Fernández Prado, fue la única institución que se comprometió a aportar fondos para ello, nada menos que 20 millones de euros. También recordó, como segunda vía, que si bien no están permitidas las ayudas directas, existen mecanismos para solicitar la excepcionalidad a la Comisión Europea.

Actuaciones en el Puerto interior

En otro orden de cosas, la Autoridad Portuaria de A Coruña prosigue con las intervenciones encaminadas a actualizar la situación de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, así como de todo el entorno de la plaza de Ourense. Así, en el próximo mes de marzo comenzará el desmantelamiento de los silos de Bunge Ibérica en el muelle de Calvo Sotelo, una vez que la empresa ya ha trasladado sus operaciones al Puerto Exterior. La obra, que realizará la Autoridad Portuaria aunque será sufragada por la empresa, ha sido adjudicada a Demoliciones Javier Ares S.L., con un importe de 37.000 euros y un plazo de ejecución de cinco semanas.

Es el primer paso para la liberación del muelle de Calvo Sotelo, un proceso que continuará, previsiblemente a comienzos de 2022, con la demolición de las instalaciones de Oleosilos de Galicia, una firma que ha sido adquirida por el grupo Nogar y que ya ha iniciado la construcción de su nueva terminal de aceites y melaza en Punta Langosteira.

Asimismo, en el muelle de Batería se asfaltará la parcela que venía ocupando Alu Ibérica y se adecuará una nave de 2.000 metros cuadrados contigua a este espacio, todo ello con el objetivo de abrir este céntrico muelle al uso público a partir del próximo verano en buenas condiciones y promover allí actividades recreativas y culturales. En este ámbito, se ha decidido además suspender la demolición de los silos y el edificio anexo que ocupaban una antigua cementera, al estimarse que pueden ser aprovechables para usos ciudadanos, por lo que se conservarán hasta que se tome una decisión en el marco de los acuerdos que deben adoptarse por las administraciones sobre la transformación de los muelles de Batería y Calvo Sotelo.

Además de todo ello, la Autoridad Portuaria ha iniciado una serie de intervenciones para renovar la imagen exterior del puerto en el entorno de la plaza de Ourense.