Según expuso el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, la propuesta del Gobierno gallego prevé la firma de un convenio marco entre todas las administraciones implicadas, en el que se trazaría la hoja de ruta a seguir, con los compromisos concretos de cada organismo: Xunta de Galicia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Puertos del Estado, ADIF, Ayuntamiento de A Coruña, Diputación Provincial y Autoridad Portuaria de A Coruña

Al objeto de facilitar el proceso, se propone la creación de una entidad jurídica que gestione la actuación, y su ejecución en tres fases: Adecuación y humanización del muelle de Batería; urbanización del muelle de Calvo Sotelo y prolongación del túnel de la avenida do Porto; y urbanización del muelle de San Diego.

Dado que el muelle de San Diego no podrá quedar liberado de actividades portuarias hasta finales de esta década, la propuesta de la Xunta, que se le ha presentado hoy al Consejo de Administración, se centra en Batería y Calvo Sotelo. El documento detalla que el coste total de la actuación asciende a 57,74 millones de euros, de los que 26 corresponden al valor del terreno de Calvo Sotelo y 31,74 a la urbanización de toda la zona, incluyendo el vial subterráneo. La administración autonómica indica que aportará al menos 20,20 millones de euros, financiando el 51% de los terrenos de Calvo Sotelo y de las obras de urbanización, y dejando abierta la posibilidad de colaborar también en la construcción del túnel.

Fernández Prado subrayó que la propuesta es "muy positiva" para la Autoridad Portuaria, ya que los 26 millones de euros en los que se valora Calvo Sotelo serían ingresados por el organismo coruñés para amortizar, en el periodo 2022-2026, el préstamo contraído con Puertos del Estado, con el que se sigue negociando un nuevo calendario de pagos hasta 2035, más favorable que el actual para la Autoridad Portuaria. Y también se valora como una propuesta "muy positiva" para la ciudad, al mantener el espíritu de garantizar la titularidad pública de los muelles, promoviendo el acceso ciudadano al frente portuario y la mejora de la calidad de vida de los coruñeses. El diseño de las intervenciones urbanísticas sería acordado por consenso de las diferentes administraciones.

Por ello, el presidente manifestó su apoyo al proyecto y anunció que la Autoridad Portuaria está en disposición de aportar entre un 5 y un 10% del coste total. “Aunque la situación financiera de la Autoridad Portuaria es de un elevado endeudamiento, a causa de la construcción del Puerto Exterior –señaló-, nos parece oportuno participar en la entidad jurídica que gestione el proceso, que además deberá ser coordinado con la actividad portuaria que se pueda mantener en esta zona, especialmente el tráfico de cruceros”.

De esta forma, las aportaciones de la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria podrían alcanzar el 60% de toda la inversión necesaria. Por ello, Fernández Prado ve conveniente que el resto de las administraciones expongan su opinión ante este planteamiento global y su disposición a colaborar en el mantenimiento de la titularidad pública de los muelles.

Comisión de seguimiento

Como fórmula de gestión, se propone la creación de una comisión de seguimiento, integrada por un representante de cada una de las siete administraciones citadas, que en el plazo de seis meses propondría un nuevo marco de colaboración que permita sustituir los convenios de 2004.

Además, al objeto de agilizar la transformación de Batería y Calvo Sotelo, se prevé la constitución de una comisión delegada del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que estaría asistida por un grupo técnico. En este sentido, Martín Fernández Prado destacó que, además de la aportación económica mencionada, la Autoridad Portuaria está preparada para asumir de forma inmediata la redacción del proyecto de urbanización del muelle de Batería y licitar la obra, de forma que los trabajos se iniciarían en 2022 y estarían concluidos en 2023, con lo que este espacio céntrico de la ciudad quedaría de forma definitiva a disposición de los coruñeses en el plazo de dos años. En cuanto a Calvo Sotelo, su transformación finalizaría en 2025, y la prolongación del túnel de la avenida do Porto en 2026.