La sentencia de la Audiencia Nacional ditctamina que Ence desarrolla una actividad que, por su naturaleza, puede tener una localización distinta de su actual emplazamiento en la ría de Pontevedra, y por tanto no ha lugar a una prórroga de 60 años en la concesión sobre 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre entre Pontevedra y Marín en la que se ubica su fábrica de celulosa.

En un comunicado, la pastera indica que "esde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia, Ence quiere poner de manifiesto su desacuerdo con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom". Por ello, agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses. La compañía reitera la validez de la prórroga de esta concesión, de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta.

Según recuerda en su comunicado, la concesión de la biofábrica de Pontevedra fue prorrogada acorde a derecho en enero de 2016 mediante una resolución del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por un plazo de 50 años, más otros 10 adicionales vinculados a un compromiso de inversión en mejoras ambientales y operativas de 71 millones de euros. Esta ampliación fue realizada" en cumplimiento estricto de la legalidad, en aplicación de la Ley 2/2013 de Costas y el Reglamento General de Costas de 2014". Además, Ence se comprometió a desarrollar un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y a implementar un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante los 60 años de concesión.

La sentencia de la Audiencia Nacional supone un duro golpe para el empleo y la economía de toda Galicia, subraya la compañía, una de las principales industrias de la comunidad autónoma. La biofábrica de Pontevedra dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte. Adicionalmente, otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra. En total, más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del Norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la actividad de esta planta y la consiguiente caída de la demanda.

Añade su comunicado que ña planta de Ence en Pontevedra "cumple sobradamente con toda la legislación ambiental y, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico. Su actividad está además alineada con la transición energética, al autoabastecerse en energía renovable, y con la economía circular, como demuestra el certificado “Residuo Cero” concedido por Aenor".