La sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) acogió el encuentro entre representantes empresariales y las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y Mar, Rosa Quintana. En la reunión participaron el presidente de la CEC y representante de la Junta de Vicepresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, el vicepresidente de la CEC y presidente de Pescagalicia, Severino Ares; el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y secretario general de Anfaco, Juan M. Vieites; el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López; el director de Ence, Antonio Casal; el director adjunto del Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez; y la secretaria general de la CEC, Marina Graña.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, consideró que la modificación del marco legal que implica el Proyecto de Ley de Cambio Climático resulta “muy lesivo” para un centenar de empresas e industrias que se encuentran en el área de protección marina, para las que pidió “seguridad jurídica”.  En este sentido, reclamó el “diálogo entre las Administraciones y los agentes económicos como el único camino para alcanzar una regulación que de verdad garantice el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico de Galicia y la necesaria protección del medio natural gallego”.

Fontenla aseguró que la limitación de los períodos de concesión para el funcionamiento de las industrias en la línea de costas hasta un máximo de 75 años, prórrogas incluidas, y el propósito que recoge el Proyecto de Ley de Cambio Climático de dejar libre la costa de todas las actividades industriales que no necesiten estar en la ribera del mar para desarrollarse, atacan directamente la viabilidad de estas firmas. Por un lado, señaló que las concesiones más cortas “amenazan el futuro de muchas empresas asentadas en la costa gallega durante décadas” y “coartan la modernización de todo el tejido empresarial al poner en jaque nuevas inversiones”, además de dificultar la implantación de nuevas industrias. Por otro, señaló que existen muchas empresas que para poder desarrollar su actividad en condiciones de rentabilidad deben ubicarse en la franja de costa, y que su traslado “podría afectar de manera decisiva a su viabilidad”. Por ello, llamó a defender estas actividades asentadas en el litoral porque “son claves en el futuro socioeconómico de los municipios costeros y sostienen miles de empleos y familias”.

Petición de retirada de los artículos que regulan las concesiones

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, criticó la modificación del reglamento de Costas, por ser “una modificación oscura y sin diálogo”, que se ha hecho “por la puerta de atrás a través de otra normativa diferente, el Proyecto de Ley de Cambio Climático”. Vázquez consideró que “no es necesario modificar la Ley de Costas, puesto que la normativa del año 2013 deja suficientemente claras estas cuestiones y da completa seguridad a las instalaciones e industrias que están en dominio público marítimo-terrestre”.

En este sentido, señaló que la postura del Gobierno gallego es la de “defender al sector, que no puede continuar con esta incertidumbre sobre su futuro”. “Desde la Xunta de Galicia buscaremos la seguridad jurídica para estas empresas y defenderemos una normativa que promueva la viabilidad y la sostenibilidad de las industrias gallegas”, aseguró. En este sentido, exigió la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del Proyecto de Ley de Cambio Climático, que se encuentra a una semana de que finalice el plazo de enmiendas.

A esta solicitud se sumó también la titular de Mar, Rosa Quintana, que señaló el impacto que tendría los cambios previstos sobre el sector mar-industria, con más de cien empresas situadas en la franja litoral. Aseguró que “no hay en Galicia ninguna empresa radicada en el litoral que pueda estar creando un problema medioambiental” y por tanto subrayó la “necesidad de darles seguridad jurídica”. “Son muchos puestos de trabajo en juego, muchas empresas que ahora mismo tienen dificultades para invertir ante la incertidumbre jurídica”, denunció, especialmente en la cadena mar-industria que es un sector tractor para la economía gallega.