Así se concretó en una reunión mantenida este lunes entre el vicepresidente económico de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, y el comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña. En ella, Conde trasladó a los asistentes la disconformidad de la Xunta con la manera de llevar adelante los despidos en la factoría coruñesa y abogó por buscar la paz social en un momento en el que la incertidumbre sobre el futuro de las factorías de A Coruña y Avilés está en su nivel más crítico: “No descartamos la actuación de la Autoridad Laboral y de la Inspección de Trabajo y trasladamos la importancia que tiene para una planta como Alu Ibérica que haya normalidad en la relación entre trabajadores y empresa”, aseguró el conselleiro.

Ante la cercanía de que expire el compromiso adquirido por Parter de blindar los puestos de trabajo (en julio, cuando se cumplan dos años desde la compra de las plantas de A Coruña y Avilés a Alcoa), la Administración autonómica considera más necesaria que nunca la auditoría técnica y financiera que Galicia lleva tiempo reclamando para que se aclare en qué términos se produjo la venta de Alcoa a Parter y, posteriormente, al grupo Riesgo y la capacidad de este último para desarrollar los plan industriales comprometidos.

“Es necesario convocar la mesa industrial y conocer en qué condiciones se puede trabajar para que a partir de julio, cuando vence el plazo del acuerdo inicial de venta, haya unas condiciones laborales e industriales que garanticen el mantenimiento de todos los puestos”, subrayó.

El vicepresidente económico explicó que, en este contexto, la Xunta solicitó la pasada semana a la ministra para la Transición Ecológica un compromiso efectivo del Gobierno para encontrar una solución definitiva. En este sentido, la Xunta se pone a disposición del Ejecutivo central para colaborar y cooperar en este objetivo.

Conde recordó que sigue siendo necesario un marco energético competitivo en el que el sector hiperelectrointensivo gallego pueda operar en igualdad de condiciones que el resto de Europa, ya que sin un precio eléctrico competitivo no hay futuro. “De aquí al mes de julio es necesario que el Gobierno pueda garantizar tanto la capacidad industrial de la planta como la competitividad desde el punto de vista del precio energético ya que la viabilidad del empleo depende de estos dos elementos”, concluyó el vicepresidente económico.