Francisco Conde cifró en más de 2.000 millones de euros las inversiones que se están ejecutando en sectores estratégicos como la automoción, el naval, el agroalimentario y el forestal y otros emergentes como el aeronáutico o las energías renovables.

Aún así, el conselleiro demandó una respuesta unánime del Parlamento en defensa de la industria gallega y de las cerca de 170.000 personas que trabajan en ella, apostando por la estabilidad, por la solvencia y por la competitividad. Y al mismo tiempo, reclamó del Gobierno central que aporte seguridad jurídica y estabilidad, subrayando que la transición energética tiene que ir más allá de defender las renovables a costa de castigar a la industria y al diésel y cerrar centrales térmicas sin siquiera ofrecer planes industriales alternativos. Del mismo modo, Conde abundó en la necesidad de fijar un precio eléctrico estable y competitivo, que garantice la continuidad de Alcoa, Ferroatlántica y del resto de empresas electrointensivas gallegas.

Simplificación, facilidades e incentivos

En su intervención Francisco Conde insistió en que es preciso continuar avanzando hacia una mayor simplificación en los trámites administrativos, en más facilidades en el acceso al suelo empresarial y más incentivos fiscales. A este respecto, aludió a la Ley de Emprendimiento y de la Ley de implantación empresarial, y a la figura de las Iniciativas Empresariales Prioritarias, que pueden ver reducidos sus plazos de tramitación a la mitad.

Para seguir avanzando en este ámbito, Conde defendió la colaboración para acercar un clima favorable que dé mayor impulso al desarrollo industrial, sabiendo aprovechar las potencialidades que ofrecen los sectores emergentes en la economía global al tiempo que se adaptan las industrias tradicionales y se apuesta por su innovación y diversificación.