Así se acordó en una reunión por videoconferencia del comité, formado por expertos del ámbito académico, económico y empresarial así como los conselleiros de Facenda; Economía, Empleo e Industria; Medio Rural, y Mar. En esta reunión estuvo presente también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

A criterio de este órgano, las medidas que se tomen en España deben ir en línea con las que se están tomando en el ámbito de la UE, para no afectar a la competitividad de nuestra estructura empresarial.

El comité de expertos considera que en la actuación de las administraciones públicas se debe dar prioridad a aquellos sectores y operadores económicos que resulten directa y significativamente afectados por la crisis del coronavirus. En concreto, centrar los esfuerzos en las empresas directamente afectadas por las medidas de contención y aquellas en las que su volumen de operaciones disminuyera como mínimo un 35% respecto al año anterior.

Además, este comité de asesoramiento reclama también un liderazgo estatal en la primera fase, que reserve a un momento ulterior las medidas autonómicas y locales para evitar solapamientos entre administraciones. También es fundamental que el mayor esfuerzo presupuestario de las medidas orientadas a garantizar la liquidez de las empresas se haga en el corto plazo, evitando así que un problema de liquidez en empresas viables pueda derivar en un impacto estructural en su solvencia que lleve a la destrucción de parte del tejido productivo.

Propuestas para el Gobierno central

En primer lugar, el comité de expertos propone diversas actuaciones en el ámbito de los principales impuestos estatales –IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades- dirigidas a facilitar liquidez a las empresas. Entre ellas, figura la eliminación de forma transitoria del sistema de pagos a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las empresas afectadas por la crisis, así como la modificación del plazo de declaración e ingreso de las autoliquidaciones del IVA correspondiente a los dos primeros trimestres de 2020.

Además, los expertos también abren la posibilidad de rescatar planes de pensiones sin penalización –para inyectar liquidez a la empresa y evitar la venta de patrimonio empresarial o el endeudamiento–, y apuestan por modificar la normativa sobre ingreso del IVA de las facturas impagadas y por mejorar la línea de los avales del Estado canalizados por el ICO, ya que la documentación exigida es compleja y su tramitación excesivamente prolongada. En este sentido, se demanda agilizar este procedimiento para que los créditos cubran los costes de mantenimiento de las empresas y estas puedan reorientar su actividad.

El comité de asesoramiento económico también reclama al Gobierno central que habilite ayudas específicas para que las empresas puedan adaptar sus centros de actividad a los nuevos protocolos de seguridad, especialmente en el caso de las pymes, y el anticipo de las percepciones derivadas de los ERTE, facilitando liquidez a los trabajadores sometidos a los expedientes durante el período de alarma.

Propuestas a la Xunta y a los ayuntamientos

En el ámbito autonómico, el comité de expertos económicos propone a la Xunta de Galicia un sistema de ventanilla única que asesore al tejido empresarial para todas las ayudas y tramitaciones dependientes de la Xunta. También se solicita un refuerzo de los avales del Igape, para cubrir necesidades financieras por encima de los 200.000 euros, y la posibilidad de ampliar el montante global de las líneas ya existentes –hoy es de 250 millones de euros- si fuera necesario.

Los expertos también ven oportuno aprobar líneas específicas adaptadas a las particularidades de algunos sectores, y lograr una mayor rapidez y agilidad en la tramitación y pago de las líneas activas de liquidez. Y también en el ámbito gallego, se pide orientar las sociedades de garantía recíprocas a pymes y autónomos excluidos por los avales estatales. Además, se apuesta por agilizar el pago a los proveedores de las diferentes administraciones públicas, garantizando que, como mínimo, ese abono se realice dentro del plazo establecido por la normativa y, en la medida del posible, en 15 días. También se propone agilizar el pago de las subvenciones ya aprobadas, lo que incrementará la liquidez de las empresas beneficiarias de dichas subvenciones.

En el ámbito municipal, se apuesta por la reordenación en 2020 de los calendarios fiscales municipales del IBI, del IVTM y del IAE, a fin de que convergan con el de aquellos municipios que optan por el cobro en el último trimestre del año. Esta recomendación operaría, particularmente, para aquellos municipios con tesorería suficiente y que no procedieron aún al cobro de los tributos correspondientes. El comité propone conseguir un acuerdo-marco con la FEGAMP, y posteriormente elevar esta propuesta a la FEMP para generalizarla a toda España.