En una reunión con la dirección de Alcoal, la representación del personal instó a la dirección a retirar las medidas anunciadas y esperar a la reunión, convocada para el próximo martes, de la mesa multilateral.

Al final del encuentro, el presidente del comité, José Antonio Zan (CCOO), afirmó que es dicha mes "donde se deben solucionar los problemas". Con todo, el sindicalista constató "falta de voluntad de diálogo" por parte de Alcoa. "Ayer (por el miércoles 3), a la pregunta del Ministerio sobre sie quieren seguir produciendo aluminio primario, dijeron que sí. Hoy, cuando les preguntamos, las respuestas fueron esquivas", criticó.

Zan les exigió al Ministerio de Industria y a la Xunta de Galicia que insten la empresa a llevar la fábrica "al mejor puerto", y eso significa mantener el 100% de la producción y de los puestos de trabajo. «No pueden parar las cubas, eso sería inviable», reiteró.

Por último, el presidente del comité de empresa reiteró la necesidad de un marco energético estable y competitivo para el sector de las industrias electrointensivas, pero advirtió que deberá ir "avalado por una serie de infraestructuras e inversiones que deban acometer todas las empresas que se quieran acoger a él".

Propuestas de la Xunta

Para abordar la problemática de la planta de Alcoa en San Cibrao, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria compareció ante la Diputación Permanente del Parlamento gallego. En su intervención Francisco Conde, defendió que aún hay alternativas para garantizar la actividad y el empleo en la factoría de A Mariña si el Gobierno aprueba definitivamente el Estatuto para los consumidores electrointensivos y un plan específico para el sector. 

Conde abogó por que el Gobierno destine parte de los fondos de reconstrucción económica previstos por la Unión Europea a un plan de inversiones propio para la industria electrointensiva. Un plan que permita modernizar e impulsar el conjunto de empresas electrointensivas y salvaguardar los puestos de trabajo que dependen de ella.

El conselleiro defendió que otro de los instrumentos que el Gobierno tiene a su alcance para dar alternativas de futuro al sector es aprobar definitivamente el esperado Estatuto para los consumidores electrointensivos, que debe fijar un precio eléctrico estable y competitivo. Según explicó, España parte en una clara desventaja porque, antes de impuestos, el precio eléctrico sigue siendo muy superior al de Alemania o Francia. En concreto, el MWh está entre 10 y 8,3 euros por encima, respectivamente. Una diferencia que se ve aún más lastrada por la falta de incentivos reales en la parte regulada de la factura.

Por este motivo, Conde consideró que el estatuto debe recoger medidas de carácter fiscal, como la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica a todos los consumidores y la supresión del céntimo verde al carbón. También la reducción de cargas y peajes recogidos en las tarifas de acceso para ajustar los costes del transporte al resto de países europeos. Tiene que ampliar las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2; que, con 6 millones de euros convocados para este año son insuficientes, a juicio del conselleiro. Por último, el titular de Economía reclamó que se fomente la contratación a largo plazo de energía eléctrica a través de los llamados acuerdos bilaterales y, además, incorporar la categoría de consumidor hiper-electrointensivo.

Además, el conselleiro subrayó que es necesario que la subasta de interrumpibilidad que se convoque para el segundo semestre del año sea más sensible a las necesidades de la industria porque la que está en vigor es la más baja de la historia: únicamente se ofertan 1.000 MW y se eliminaron los bloques de 90 MW que son por las que subastan las grandes empresas como Alcoa.

Activando todos estos mecanismos, afirmó Conde, el Gobierno tiene margen de actuación para garantizar el futuro del sector.