En una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña, Javier Losada ha explicado que el Ejecutivo ya ha tratado con los agentes económicos y sociales las consecuencias de los movimientos en la Unión Europea, por lo que ahora plantea un foro en el que estén presentes todas las instituciones implicadas. Se tratará de una comisión especial para abordar los asuntos vinculados a la pesca a la que se invitará al Gobierno autonómico.

El delegado del Gobierno en Galicia ha recordado que ya está “en vigor” el plan de contingencia del Gobierno ante el Brexit, que fue negociado con todas las comunidades autónomas y tiene el visto de bueno de los ministerios relacionados con la salida del Reino Unido. Este plan se abordó “con empresas, asociaciones, clústeres, cámaras de comercio, etcétera” en una comisión que sirvió “para tener a todos los agentes económicos y sociales en perfecta sintonía con el plan de contingencia del Gobierno de España”, ha proseguido.

El Ejecutivo está preparado “para un brexit duro”, es decir, sin acuerdo, que sería el peor escenario. Por eso, reclama a “los agentes económicos y sociales” que también se preparen y sigan el plan de contingencia, ya publicado. En ese sentido, Javier Losada ha recordado que “tienen a su disposición a las instituciones y, en concreto, al ICEX”, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

“El Gobierno de España y la Comunidad Autónoma han hecho sus deberes”, ha subrayado Javier Losada, que ha agradecido a la conselleira do Mar su implicación en este asunto. El delegado del Gobierno, además, ha comprometido tener especial interés con la situación de los puertos lucenses de Celeiro y Burela, los que tienen más tráfico de buques británicos. Es en estos puertos, ha señalado la conselleira do Mar, donde la flota de armadores gallegos con bandera británica hace sus operaciones y en los que la actividad pesquera es clave, por lo que Rosa Quintana demandó al delegado del Gobierno medidas, relacionadas con aspectos aduaneros y de control higiénico-sanitario, que permitan que estos buques puedan seguir operando desde estos muelles. Esta petición se hace también en virtud de su alto impacto socioeconómico, toda vez que varios estudios cifran el impacto en empleo indirecto en unos cuatro puestos de trabajo en tierra por cada uno de los generados a bordo.

Rosa Quintana calcula que son 47 barcos de armadores gallegos los que tienen bandera británica, de los que 30 faenan en Gran Sol y 20 trabajan en aguas de las islas Malvinas, con cerca de 7.000 toneladas de pescado descargadas, por un valor de unos 37 millones de euros. La conselleira ha abogado por la coordinación para “proteger un sector que para Galicia es fundamental”, como es el de la pesca.

Asistentes a la reunión

Además del delegado del Gobierno y la conselleira do Mar, han asistido a la reunión la jefa de gabinete del delegado, María Rivas; el jefe de la dependencia regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Galicia, Jaime Gaya; el director del Área de Sanidad y Política Social, Juan Hidalgo; la directora accidental del Área de Agricultura y Pesca, Mercedes Rois; el director provincial de Comercio en A Coruña, Pedro Freire; el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente; la secretaria xeral técnica de la Consellería, Isabel Concheiro; y la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez.