La decisión de comenzar las protestas fue adoptada en la asamblea que tuvo lugar el pasado domingo, promovida por la propia central nacionalista -que tiene la mayoría absoluta de la representación sindical en el sector de comercio del metal- junto a CCOO y UGT. En el encuentro las centrales informaron del estado en el que se encuentran las negociación para renovar un convenio colectivo que lleva dos años caducado.

En concreto, se abordó la "miserenta oferta" deçel empresariado en la última reunión: vigencia del convenio desde 2020 a 2023, sin incremento salarial en los dos primeros años años, mientras que para 2022 ofrecen un 6,5% (desde enero y sin revisión salarial) y para 2023 la subida sería del 3% "con revisión salarial topada nun 4%". La propuesta  de la patronal no contempla ni reducción de jornada anual ni otras mejoras de las condiciones laborales, señalan desde la CIG.

Trabajadores y sindicatos tomaron la decisión de comenzar una campaña de información y de movilizaciones, y no descartan una posible convocatoria de huelga para defender los intereses del personal del sector.

El convenio colectivo del sector del comercio metal abarca actividades como comercio de electrodomésticos, ferretería y material de oficina; recambios y accesorios de vehículos; mayoristas-maioristas de material eléctrico; maquinaria en general; joyería, platería, relojería, así como concesionarios de vehículos y establecimientos de venta de neumáticos.

Condena de la CEP al escrache

Al respecto de esta primera movilización, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha condenado en un comunicado el escrache que tuvo lugar contra un representante de la mesa negociadora del convenio del comercio de metal en su empresa, por parte de una de las organizaciones sindicales.

“Como agentes sociales con un profundo respeto por el diálogo como herramienta fundamental de la negociación colectiva no podemos sino rechazar esta convocatoria. Consideramos intolerable esta iniciativa, ya que dinamita las bases de cualquier negociación libre y voluntaria, que ha de caracterizar las relaciones laborales, tanto presentes como futuras. Desde la CEP no podemos sino expresar nuestro desacuerdo y condenarla”, argumentó Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación pontevedresa.

Desde la perspectiva de la CEP, resulta incomprensible que en lugar de apostar por el diálogo, se fuerce una medida que violenta la buena marcha de las negociaciones, perjudicando a todas las partes implicadas, sin otro objetivo que alterar la libre voluntad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, amenazando a una empresa concreta y perjudicando claramente sus intereses particulares.

Estas actitudes, que deberían estar ya superadas, advierten desde la CEP, provocan que de cada vez sea más difícil encontrar representantes empresariales que quieran participar en las mesas de diálogo social y ponen en peligro el marco de toda la negociación colectiva provincial, enrareciendo el ambiente. “Cabe recordar que quienes se implican en las mesas sectoriales, en gran medida, dedican su tiempo y recursos propios de forma desinteresa y altruista a esta labor. No es de recibo que, como recompensa, se les amenace o se organizan escraches contra ellos a las puertas de sus empresas”, se lamentó el presidente de la Confederación pontevedresa.

La CEP solicitó a los secretarios comarcales y secretarios generales autonómicos de las principales organizaciones sindicales la desconvocatoria del escrache, instándoles a que se abstengan de utilizar esta medida de coacción en esta o cualquier otra negociación colectiva, presente o futura.

El empresario afectado lamentó que los sindicatos decidieran cruzar esa “línea roja”, atacando de forma personal a uno de los integrantes de la mesa negociadora como medida de presión. Matizó que a su modo de ver los escraches como el que él mismo ha sufrido hoy perjudican la imagen de empresas que, como la suya, disfrutan de paz social entre sus 130 trabajadores. La acción llevada a cabo por los sindicatos puede ser malinterpretada por terceros, apuntó.