Durante 2023 Sogarpo formalizó 203 avales al amparo de las líneas Igape, un 57,4% más que en 2022 (cuando se concedieron 129 avales) e inyectó directamente a la economía gallega 16,48 millones de euros (frente a los 9,63 millones de 2022). La inversión inducida se cifró en 17,85 millones de euros, 7,12 millones de euros más que el ejercicio anterior.

A través de estas operaciones, un total de 202 empresas (74 más que en 2022) consiguieron afrontar con mayores garantías y seguridad sus nuevos proyectos e inversiones o sus necesidades de circulante. Además, lograron estabilidad para 1.959 puestos de trabajo, un 46,2% más que el año anterior. Esos casi 2.000 empleos consolidados por Sogarpo en un solo año con líneas de financiación del Igape equivalen, como ejemplo, a la séptima parte de todo el empleo industrial existente en la provincia de Ourense, resaltan desde la sociedad de garantía recíproca.

Más de 50 millones en operaciones en vigor

 Con la inyección de financiación lograda en 2023, el importe de los avales en vigor concedidos a través de la colaboración entre el Igape y la SGR para las provincias de Pontevedra y Ourense suma un riesgo vivo de 50,64 millones de euros, que han sido generadores de una inversión inducida de 84,43 millones en el sector empresarial y en el tejido productivo de Galicia.

La cartera en vigor de avales de la sociedad vinculados a las líneas IGAPE tiene como beneficiarias a 1.212 empresas, un 7,3% más que hace un año, y aporta estabilidad laboral a 7.052 trabajadores, un 9% más que al cierre de 2022.

El presidente de Sogarpo, Artur Yuste, elogia que el sector empresarial gallego “tenga a su disposición líneas de financiación específicas de esta Comunidad en excelentes condiciones de mercado, que además aportan valor al tejido empresarial y que tienen capacidad y recursos para llegar a todos los sectores y a toda la escala por tamaño, comenzando por las microempresas, pymes y autónomos”.

Yuste participó el pasado 17 de enero en la firma del convenio anual con el Igape, que este año pondrá en circulación 80 millones de euros en un millar de operaciones para financiar inversión o circulante, reestructurar deuda u otorgar garantías frente a terceros.