En una carta dirigida al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia pide retomar las conversaciones iniciadas en 2019 y apela a que “la seguridad jurídica es uno de los más preciados bienes de una democracia asentada y un elemento vital para propiciar tanto la inversión empresarial como la atracción de población, objetivos estos últimos que, dentro de nuestras posibilidades, perseguimos desde el Círculo”. Aun reconociendo que pudieran existir divergencias entre la memoria de los Tribunales Económico-Administrativos de España y los datos de la propia consellería, la presidenta del Círculo no oculta su preocupación porque “la situación no mejora”, tanto en lo que se refiere a la litigiosidad per se como al elevado porcentaje de resoluciones administrativas tributarias que son anuladas por el Tribunal gallego (TEAR-G).

Una preocupación que podría ser asumible por las empresas gallegas “si no fuera por las insoportables demoras de las tramitaciones administrativas, que ponen en juego (y no pocas veces en jaque) los balances de nuestras empresas y, con ello, nuestra propia supervivencia”, explica Patricia García en su misiva.

El 7,4 % del total de las reclamaciones en España son dirimidas por el TEAR-G, que, como media, estima más de la mitad de dichas reclamaciones. “Lejos de creer que somos una comunidad especialmente litigante, basta comprobar que el TEAR-G estima más del 56 % de las reclamaciones totales, diez puntos por encima de la media española”.

Reclamaciones contra impuestos autonómicos y resoluciones de la ATRIGA

La situación es más crítica cuando las reclamaciones se dirigen contra los principales impuestos de la comunidad autónoma y las resoluciones de la Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA).

Tal y como viene insistiendo Círculo, entre las comunidades españolas, Galicia está a la cabeza en estimaciones de recursos de contribuyentes referidos sobre todo a los impuestos de sucesiones y de transmisiones y actos jurídicos. Es la segunda Comunidad (solo por detrás de Andalucía) en número de recursos contra liquidaciones de Sucesiones- casi la cuarta parte del total-, que son admitidas en más del 80 % de los casos (la tasa más alta del país); y la cuarta en el caso de Transmisiones (por detrás de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana), del que también tiene “el dudoso honor” de ser de las primeras en las que los “tribunales ‘tumban’ más resoluciones administrativas” (el 76 %).

Se da, además, la circunstancia de que Galicia está por debajo de los índices de resolución anual (103 %, frente a la media del 117 %) del total de las reclamaciones presentadas, “lo que implica mayores demoras y, por tanto, mayores perjuicios sobre todo para las empresas”, apunta Patricia García, que acompaña su carta con un breve resumen estadístico extraído de la Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos correspondiente a 2019.

“Conselleiro, tenemos, por tanto, un problema”, concluye, y “tenemos por delante un largo camino por recorrer y algunas medidas que poner en marcha urgentemente”.