Esta reforma afecta a un número elevado de empresas titulares de concesiones de Costas, que han sido prorrogadas al amparo de la Ley de Costas de 2013 o estaban a punto de iniciar los trámites de solicitud de prórroga.

En una carta remitida a los distintos grupos parlamentarios, la presidenta del Círculo, Patricia García, manifiesta la preocupación de la entidad que preside por las consecuencias de dicha modificación, que tacha de “indeseables y perjudiciales para la economía gallega”, y advierte: “parece obvio que una de las primeras sería la deslocalización de empresas que hasta ahora son titulares de concesiones y/o prórrogas de la ley en vigor y que, por mor de la pretendida modificación, podrían ver cercenados sus actuales derechos, así como la rentabilidad de las inversiones proyectadas (iniciadas o a punto de iniciar) con la expectativa de la prórroga de sus concesiones”.

La Ley de Costas prevé para este tipo de concesiones un plazo máximo de 75 años, prorrogable por otros 75 para el caso de explotaciones antiguas. Plazo y prórroga fueron avalados por el Tribunal Constitucional en 2015, y defendidos por la Abogacía del Estado hasta este año. Sin embargo, en marzo de 2019 el abogado del Estado postula, en un nuevo informe, que “75 años será el umbral o límite superior, más allá del cual no cabrá reconocer una duración temporal, sumada la concesión inicial y las prórrogas”, según el borrador del Real Decreto. E incide también en que concesiones y prórrogas  serán concedidas, en todo caso, para “instalaciones que no admitan otra ubicación o emplazamiento”.

En cuanto a la expulsión de industrias y actividades que tradicionalmente se han desarrollado en línea de costa, es obvio que hoy prácticamente todo se puede emplazar en otro lugar, pero serán los costes de logística los que determinen la viabilidad de dicho reemplazamiento. “Ciertamente, conserveras, astilleros, depuradoras, podrían irse a A Gudiña, pero se irán a Matosinhos… o a Indonesia”, pone como ejemplo García en su misiva.

Señala finalmente que no son solo instalaciones industriales las que pueden verse afectadas por la modificación del Reglamento, sino que “su calado alcanza a residencias particulares, instalaciones de restauración y alojamiento, depuradoras de aguas residuales urbanas e incluso aparcamientos en las playas”.

La presidenta del Círculo ha hecho llegar también las objeciones del Círculo al secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien ha invitado a venir a conocer la realidad de las industrias gallegas asentadas en la costa.