La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) condena la aprobación, al margen de todo proceso de diálogo social, de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales y los de empresa, que el Ejecutivo Central acaba de aprobar este martes en el Consejo de Ministros. 

El tejido empresarial de Pontevedra denuncia que se distorsiona el diálogo social y se vulnera la Constitución, que otorga a representantes empresariales y sindicales la negociación de sus propios intereses. "Sin ningún pudor se aparta a un lado a las organizaciones empresariales, se las ignora, desconsidera y se negocia una legislatura, jugando con la jerarquía de aplicación de los convenios colectivos, sin tener en consideración los muchos factores involucrados.  En el fondo de esta decisión subyace la cesión del Gobierno a los partidos nacionalistas que lo apoyan, y aparte del desprecio que supone a la negociación colectiva y al diálogo social, es contraria a la unidad de mercado", apunta el comunicado de la patronal pontevedresa.

"Esto significa que puede crear a medio plazo diferencias importantes entre territorios que provoquen incluso la deslocalización de empresas y alterando, en todo caso, la competitividad, generando diferencias importantes en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, alterando el principio de igualdad", añaden desde la CEP.

Desde la Confederación pontevedresa consideran que los convenios de ámbito provincial han de seguir permitiendo adaptarse en cada momento a la realidad del sector y del nivel de vida existente en cada provincia, de igual modo que los de ámbito autonómico. 

Pero el marco, agregan, debe seguir diseñándolo el convenio nacional, en aquel sector en donde exista, sin perjuicio de que se identifiquen aspectos en los que pueda haber prevalencia cuando se regulen en convenios de ámbito inferior o de empresa, pero siempre en un contexto de negociación colectiva entre empresas y trabajadores, no a golpe de Real Decreto y por motivos espurios que distorsionan el mercado y crean desigualdades sociales entre las personas trabajadoras, dependiendo de donde residan.

La CIG, a favor de la modificación

La CIG, en cambio, hace una valoración radicalmente distinta. La central sindical asegura que la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores recogida en el Real Decreto Ley 7/2023 responde en parte, a la histórica reivindicación de que los convenios negociados en Galicia tengan prioridad aplicativa sobre los de ámbito estatal. Se recogen así "as demandas do sindicalismo nacionalista galego, vasco e catalán" y se afianza "a recuperación dun dereito perdido coas últimas reformas laborais". 

Para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, este cambio constituye "unha oportunidade para reforzarmos o marco galego de relacións laborais" y fortalece la capacidad de la clase trabajadora gallega para luchar por la mejora de sus condiciones laborales y salariales. "Estamos ante o recoñecemento do dereito a poder democratizar as relacións laborais e a negociación colectiva, que algunhas organizacións sindicais pretenden secuestrar en mesas en Madrid", asegura el comunicado del sindicato gallego.

Esta modificación normativa refuerza también la apuesta de la CIG por los convenios sectoriales de ámbito gallego (para complementar o sustituir algunos de los actuales convenios provinciales y también para regular nuevos sectores de actividad) y la necesidad de un ir a un acuerdo interprofesional gallego de estructura de la negociación colectiva, que sirva para proteger los convenios provinciales de la 'colonización' por parte de los convenios estatales.