Así, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha remitido un comunicado en el que lamenta la aprobación de medidas que "hacen recaer en las empresas el coste económico de la crisis, decisiones que son claramente improvisadas, además de publicadas en fin de semana y con nocturnidad".

 El Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, que establece un permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no presten servicios esenciales, viene a sumarse a otras medidas económicas que "más que aliviar la carga de las empresas, la complican y generan inseguridad jurídica", desde el punto de vista de la Confederación pontevedresa. “La recuperación de las horas con posterioridad no conllevará, al menos en la mayor parte de los casos, a una recuperación de la productividad y de la facturación perdidas. Es injusto y antieconómico que se obligue a cerrar a las empresas, se les impida racionalizar la plantilla por causas económicas y organizativas, y se las obligue a seguir pagando los seguros sociales y las nóminas de los trabajadores. Muchas pequeñas y medianas empresas no serán capaces de subsistir”, advierte Jorge Cebreiros, presidente de la CEP.

La Confederación continúa reclamando una "amplia rectificación" en materia fiscal, como opción para contrarrestar las medidas transversales adoptadas hasta ahora, que no distinguen sectores, ni tamaños, ni territorios, dejando al descubierto el desconocimiento de la realidad y diversidad empresarial.

Agrega que a las pymes no se les puede obligar a cerrar y al mismo tiempo exigirles que mantengan los mismos niveles de gasto. Estas imposiciones provocarán cierres de empresas y desempleo y lastrarán la vuelta a la normalidad.  “Es un sinsentido que el Gobierno crea que las micropymes y las pymes, que en la provincia de Pontevedra son el 99,6% del tejido empresarial, pueden pagar cuotas de autónomos, alquileres, préstamos bancarios, gastos de suministros generales, seguros sociales, salarios, etc., sin poder desarrollar su actividad ni obtener ingresos, debido al confinamiento”, insiste Cebreiros.

La CEP advierte que el Real Decreto Ley 10/2020 denomina permiso retribuido a un "cierre impuesto" por decisión del Gobierno, "lo que, en realidad, sería una situación de fuerza mayor por lo que pedirá un informe jurídico sobre una calificación de unos hechos que considera fraudulenta". “Por si fuera poco, a esto se añade la sindicalización de todos los procedimientos, incluso para empresas que no estaban obligadas a tener representación sindical”, se lamenta Cebreiros. “La situación es inédita, pero no es de recibo que desde el Gobierno se ataque a los empresarios y se nos demonice en un momento como este, en el que la inseguridad y la incertidumbre se ceban con nosotros, cuando lo que queremos es defender la continuidad de nuestras empresas para garantizar el empleo”.

Cámara de Comercio de Pontevedra alerta del impacto en el PIB

Por su parte, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, advierte de que la paralización de numerosas actividades económicas tendrá un impacto en el PIB "no inferior al 10 %, con un nivel de caída desconocido desde los años 30 del pasado siglo".

"A pesar de la dificultad de conocer el efecto final total sobre la economía, dado que aún desconocemos la duración de las medidas de cese de actividad, la paralización de las actividades turísticas y hosteleras, de la construcción, de la industria, con contadas excepciones, y de un amplio abanico de actividades de servicios, provocarán caídas en los ingresos en un porcentaje mayoritario de empresas, algunas de las cuáles simplemente no tendrán ingresos en tal período. Muchas de ellas no podrán recuperarse, por lo que el daño, en este caso será irreversible. Al tratarse, los sectores afectados, de actividades extensivas en mano de obra, el impacto en la tasa de desempleo puede ser demoledor", valoran desde el ente cameral.

Añade la Cámara pontevedresa en su comunicado que "de prolongarse la situación actual mucho más, las consecuencias podrían incluso desbordar el marco de esta previsión, comprometiendo la continuidad de sectores enteros de la economía". Por ello, reclaman "modular la intervención para intentar paliar los daños en los sectores y adoptar medidas que aporten liquidez inmediata a las empresas sin ingresos".

Comunicado de la CEL

Por otra parte, la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), en un comunicado remitido a los medios de comunicación este lunes, insiste en la “profunda preocupación” que existe entre las empresas lucenses por el parón de actividad decretado este fin de semana, que sin duda “compromete la viabilidad futura de un buen número de pymes y autónomos, que no podrán aguantar tantas semanas sin ingresos y atendiendo como siempre a sus obligaciones”.

“No se puede evaluar detalladamente por el momento el impacto, pero prevemos que será tremendamente negativo y significará la destrucción de empresas y empleo en un volumen considerable; tendrá un coste económico y social “incalculable”, subrayan desde la organización empresarial lucense.

La CEL reitera su compromiso “con la seguridad y salud de la ciudadanía que, como venimos insistiendo, ha de ser lo primero”, pero considera que las decisiones sobre nuevos cierres "deberían ser más sopesadas". “La actividad en un buen número de empresas que hoy se ven obligadas a cerrar podría continuar de forma normalizada con las medidas preventivas adecuadas, porque no es en éstas donde se están produciendo los contagios, y retomar el funcionamiento ordinario después de este parón será en unos casos muy complicado y en otros puede que imposible”, explican.

Señala también que se continúan “echando en falta” medidas que palíen este paro forzado, como la suspensión del pago de impuestos y otras obligaciones. Se “está poniendo sobre los hombros de las empresas y autónomos toda la carga económica de la crisis sanitaria, y no podrán aguantar”.

Salvo en los sectores considerados esenciales, recuerda la CEL, la actividad económica está parada y las empresas "sin posibilidad alguna de generar ingresos pero teniendo que afrontar sus gastos corrientes". "Las vías de regulación de empleo establecidas y las líneas de avales no son suficientes para contrarrestar la sangría económica que esta situación está provocando", concluyen.

Situación de colectivos concretos

Este lunes se sumaban también a las quejas por las medidas anunciadas para frenar la expansión del coronavirus el colectivo de abogados. "La abogacía y la procuraduría están en un limbo. Ni trabajamos, ni podemos dejar de trabajar. Estamos catalogados como servicio esencial, y así debe ser para garantizar el derecho fundamental a la defensa, pero no a costa de nuestra propia indefensión. Atendemos dudas y consultas de nuestros clientes, y seguimos tramitando los pocos procedimientos declarados urgentes, pero la mayor parte de los asuntos judiciales y administrativos están paralizados, por lo que sin ingresos ni ayudas debemos afrontar todos los gastos, salarios, cuotas e impuestos habituales", señala un comunicado remitido por un grupo de abogados de la provincia de Pontevedra.

El colectivo reclama, entre otras peticiones, la exoneración de las cuotas de autónomos, mutualidades y colegios profesionales mientras esté vigente la declaración de estado de alarma, así como la flexibilización del abono de las cuotas en los 12 meses siguientes a la finalización de dicha declaración; la eliminación de las franquicias aplicadas por las mutuas en la cobertura de las bajas médicas por covid-19, y la equiparación de mutualistas y autónomos en las medidas de protección actuales y futuras.

Algunos colegios de abogados de Galicia, como el de Pontevedra, el de Ourense, la suspensión o aplazamiento del cobro de las cuotas a sus colegiados. 

Petición de servicios mínimos en las gasolineras

Las estaciones de servicio (consideradas servicio esencial) de nuestra Comunidad también se están viendo afectadas por la parálisis de la actividad económica y los movimientos por el estado de alarma para luchar frente al covid-19. Según un comunicado remitido por Fegaes, los empresarios del sector cifran la caída de la facturación en un 90%, y esperan que la situación empeore con las medidas aprobadas este fin de semana. Desde el propio Ministerio de Fomento se calcula que la movilidad quedará reducida a un 10%, recalcan desde Fegaes.

Por ello la federación ha hecho llegar un escrito a la Delegación del Gobierno en Galicia para demandar un régimen de servicios mínimos "que frene las pérdidas del sector y la previsible pérdida de empleos que pone en peligro la viabilidad de cientos de empresas".